Sandra Ávila Beltrán, quien es conocida con el alias de La Reina del Pacífico, ganó un amparo de la justicia federal para no ser extraditada a los Estados Unidos.
Con esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfrenta un revés legal en contra de su resolución de entregarle a la justicia de ese país a la pareja sentimental de Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre.
El juez 13 de Amparo en materia penal en el Distrito Federal, Jesús Alberto Chávez Hernández, resolvió que Beltrán Ávila, acusada en los Estados Unidos de pretender distribuir 100 kilogramos de cocaína y de ser coparticipe de otro embarque de nueve toneladas de esa droga, no puede ser juzgada en dos países distintos por un mismo delito.
Beltrán Avila ya había sido juzgada en México, por el aseguramiento del buque Macel, en diciembre de 2001 frente a las costas de Colima, por lo cual el juzgador impone a la Cancillería a modificar su resolución, y sostiene que está impedida de entregarla a la justicia estadounidense.
La Reina del Pacífico, quien se encuentra presa en el reclusorio federal femenil de El Rincón, Nayarit, ha logrado librar varias batallas legales, la penúltima el 3 de diciembre de 2010, cuando el titular del Juzgado 18 de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte, Fernando Córdova del Valle, resolvió que las autoridades federales no aportaban “los elementos necesarios” para sostener las acusaciones por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contra la salud (narcotráfico) y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
Estos reveses jurídicos, echan abajo la investigación que iniciaron en el 2004, el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) y la Agencia Federal de Investigación (AFI), ya que a La Reina sólo le falta un proceso por librar: una acusación de la PGR, cuya causa penal lleva un juez federal de Nayarit, en la cual se le acusa de lavado de dinero.
Este que es su último proceso pendiente de librar, le fue notificado el 7 de marzo del año pasado, justo tres días después de haber sido trasladada del reclusorio de Santa Martha Acatitla del Distrito Federal, al penal federal de Nayarit, a causa de un escándalo porque en este último penal, se habría permitido que le aplicaran bótox en el rostro.
Los antecedentes de un informe de inteligencia elaborado en 2007, relativo a las actividades de Sandra Ávila y Juan Diego Espinosa Ramírez, establece que ambos fueron enlaces del cártel de Juárez y el colombiano del Norte del Valle.
Esto, porque el citado documento alude al año 2001, en el cual se estableció una alianza entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez, cuando éste último era liderado por Ismael Zambada García, Juan José Esparragoza y Vicente Carrillo Fuentes. A esa asociación se le conoció como La Federación, y luchaba contra sus adversarios: los Arellano Félix y el cártel del Golfo.
Sandra Ávila Beltrán, apoyaba a los distintos capos de la droga asociados para ganar terreno a sus adversarios a través de su titularidad en empresas fachada. A ella le correspondía apoyar a los establecidos en el cártel de Juárez, en específico al grupo de Ismael El Mayo Zambada, como lavadora de dinero.
Tanto la Cancillería como la Procuraduría General de la República, pueden impugnar ante un Tribunal de Circuito Penal la determinación del juez de distrito, que evita la extradición de Sandra Ávila.