LIMA. El vicepresidente segundo de Perú, Omar Chehade, dimitió.
El funcionario, quien es acusado del delito de patrocinio ilegal, envió la noche del lunes su carta de dimisión al presidente Ollanta Humala, informaron ayer los medios locales.
La renuncia de Chehade a la Vicepresidencia, un cargo que tiene sobre todo un peso simbólico, que sólo se ejerce cuando el presidente está fuera del país, se produjo antes de que la Comisión Permanente del Congreso se reuniera ayer para analizar un informe que recomienda su destitución como congresista.
El pleno del Congreso de Perú suspendió el pasado 5 de diciembre durante 120 días a Chehade, por una supuesta infracción al código de ética del legislativo.
Chehade es acusado de haberse reunido en un restaurante de Lima con altos mandos policiales para presuntamente ejercer presión para que se realice un desalojo en la azucarera Andahuasi a favor del poderoso grupo empresarial Wong.
En diciembre pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso emitió un informe sobre este caso en el que recomendó que el legislador sea destituido del cargo y suspendido durante cinco años para ejercer cualquier función pública.
La congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de esta subcomisión, anunció que el grupo encontró indicios de responsabilidad en el delito de patrocinio ilegal, pero descartó las acusaciones de falsedad genérica, tráfico de influencias y cohecho genérico.
El informe señala que Chehade se excedió en sus funciones, pero cometió el supuesto delito como congresista y no como vicepresidente, ya que cuando se produjo la reunión el presidente Humala se encontraba en el país.
Chehade ha defendido en repetidas oportunidades su inocencia e incluso desoyó una petición de Humala para que de “un paso al costado”, aunque luego anunció públicamente que había tomado la decisión de no ejercer las funciones de vicepresidente mientras se realizan las investigaciones.
La renuncia de Chehade fue acogida con beneplácito por parlamentarios de diversas bancadas, quienes consideraron que tomó esa decisión para no afectar al Gobierno de Humala e intentar evitar el posible desafuero.
“Es un gesto reclamado por el electorado y aunque ha demorado muchísimo, hay que reconocer que es positivo”, señaló el legislador Juan Carlos Eguren, de la opositora Alianza por el Gran Cambio.
Marisol Pérez Tello comentó, por su parte, que Chehade debe asumir la responsabilidad por sus actos, ya que los peruanos merecen saber que fue lo que pasó durante la reunión con los generales de la policía. (EFE)