La Secretaría de Seguridad Pública no ha podido construir un perfil de policía democrático que se haga respetar a través de la racionalidad. Existe voluntad, pero falta despolitizar la seguridad pública para borrar la imagen de corrupción y desconfianza que despiertan los guardias capitalinos entre la población, afirma Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El año pasado, esta instancia logró el pago de tres indemnizaciones por excesos policiacos.

 

En entrevista, el ombudsman capitalino habla también de los penales. Siguen sin acatar las recomendaciones emitidas por la CDHDF, pues en los centros de detención se presenta hacinamiento, falta de higiene, trato indigno y servicios médicos inadecuados. También, dice González Placencia, falta la implementación de un sistema de justicia expedito, basado en el respeto y no en la creación de presuntos culpables.

 

¿CUÁLES SON LOS DOS GRANDES PENDIENTES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS?

Antes de responder a esa pregunta debo decir que es mucho lo que se ha avanzado, pero definitivamente falta también mucho por hacer en materia de profesionalización de los policías y del sistema de justicia.

 

LOS POLICÍAS HAN SIDO CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS ¿NO HAN APRENDIDO?

Hay una gran disposición por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, se ha avanzado en la capacitación, pero en el debate público hay por una parte un tema de miedo y por otra una actitud de falta de respeto. Durante décadas se han improvisado modelos policiacos que generaron reglas no escritas, con prácticas que tienen décadas como “el entre”, que es el darle una cantidad diaria a tu superior, o la “sujeción”, que se trata de que un grupo dentro de la corporación decida si eres policía de a pie o en patrulla.

 

¿Y EN LA PARTE DE FALTA DE RESPETO?

Precisamente, estas prácticas que ya comentaba han generado también que la gente vea al policía como una especie de servidumbre, que puede desde lavar un carro hasta hacer mandados. Pero también está la otra cara de la moneda, que es ese tema que te decía del miedo y es que en casos, como el de Tepito, responden con fuerza excesiva, principalmente en contra de algunos grupos, como los jóvenes. La policía por incapacidad genera desgracias.

 

Pero también este clima de guerra que vivimos a nivel nacional no ayuda mucho y no ayuda en el sentido de la difusión de los logros a través del sometimiento de los enemigos. La impartición de la justicia debe dejar de ser un tema que esté en manos de militares para que se convierta en un tema de jueces y abogados.

 

En países como Colombia, los abusos policiacos son seguidos en las cortes y aquí no pasa eso.

 

Quiero que quede claro que los derechos humanos no se oponen al tema de la seguridad, pero la seguridad es resultado del respeto a las garantías del otro.

 

EN MATERIA DE LOS PENALES ¿CUÁLES SON LOS PENDIENTES QUE TIENE EL GOBIERNO DE LA CAPITAL?

Hacer inversiones extraordinarias para profesionalizar el sistema penitenciario. Actualmente, el sistema sólo logra meter más gente a la cárcel y eso genera más problemática.

 

¿DE CUÁNTO ESTAMOS HABLANDO?

No se ha hecho el cálculo, pero te puedo decir que es más caro un sistema penal que respeta los derechos humanos que uno que no lo hace. La inversión es muy alta para migrar a un nuevo sistema y no ha habido, porque implica generar muchos cambios e incluso una gran labor de capacitación del personal en las cárceles y la creación de nuevos puestos. Hace 30 años se discute y no ha sido posible avanzar.

 

¿CUÁLES SON LAS VIOLACIONES MÁS GRAVES QUE HAN DETECTADO EN LOS PENALES?

No es sencillo decirlo, pero algo que llamó mucho mi atención fue el efecto que tuvo la película Presunto Culpable, que logró lo que en muchos años no han logrado denuncias y libros: la conciencia de la vulnerabilidad del sistema penal.

 

Lo que hemos detectado nosotros, que nos preocupa mucho es la atención a la salud: la disponibilidad de medicamentos y de la propia atención; accesibilidad por tratarse de población cautiva, ética médica, calidad en la atención, tratamiento y seguimiento, y la atención especializada.

 

Se necesita elaborar diagnósticos precisos que permitan establecer la posible aparición de enfermedades al interior y vigilancia epidemiológica.

 

Perfil 

 

Luis González Placencia tiene el grado de Doctor en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Master in Law por el Internatinal Institute for the Sociology of Law y Licenciado en Psicología por la UNAM.

 

El actual ombudsman de la Ciudad de México tiene más de 20 años de carrera profesional y se ha distinguido tanto en el ámbito académico como en el del servicio público local y federal.

 

El Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo reconoció en 2004, como Investigador Nacional, nivel 2. Mientras que su participación en la administración pública se ha caracterizado por la aplicación práctica de la teoría a la solución de problemáticas reales. En su opinión los derechos humanos deben ser el eje de la política pública y no su límite, lo que aproxima su trabajo a favor de los derechos con las políticas de un estado constitucional de derecho. Con esa visión contribuyó en la elaboración tanto del Diagnóstico como del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

En el servicio público se desempeñó en cargos directivos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Instituto de Capacitación Penitenciaria, en el Consejo de la Judicatura Federal y en los últimos tres años fue titular de la Tercera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

Su participación en la administración pública se caracterizó por la aplicación práctica de la teoría a la solución de problemáticas reales. Contribuyó en la elaboración tanto del Diagnóstico como del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

Al interior de la institución, destaca el trabajo realizado para el fortalecimiento del modelo de investigación de violaciones a derechos humanos, que fue adoptado por otros organismos públicos de defensa de derechos humanos del país, y que introduce certidumbre y rigor técnico a las resoluciones del ombudsman.