Madrid. La resolución de los escándalos de corrupción de políticos y personajes públicos marca la atención sobre la actividad del poder judicial en España al inicio de 2012, como los casos de Iñaki Urdangarin y otros.

 

En un año que, al igual que en 2011, la atención la acapara la crisis económica y el elevado desempleo en el país, la resolución de estos casos completan la actualidad informativa del país y comienza a generar medidas desde el gobernante Partido Popular (PP).

 

El caso más destacado para 2012 será el de Iñaki Urdangarin, yerno del rey de España, que está acusado de fraude, malversación de fondos públicos, falsedad de documentos y otros como parte del caso “Palma Arena” (de desvío de dinero público del gobierno de Islas Baleares.

 

La decisión del rey de España, Juan Carlos de Borbón, de separarlo en diciembre pasado de las funciones de la familia real dio paso a detalles del caso ahora conocidos por la opinión pública, que le llevarán a declarar el próximo 25 de febrero.

 

En su mensaje por la pasada Navidad, el rey expresó que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.

 

“Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar”, advirtió.

 

El del esposo de la infanta Cristina, es sólo una parte del caso “Palma Arena” por el que el ex presidente de la comunidad de Islas Baleares, Jaume Matas, es enjuiciado los primeros días del año, por el presunto desvío ilegal de fondos públicos para la construcción de un polideportivo y otras acciones.

 

El año inició también con el juicio (pendiente ya de sentencia) al ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y otros políticos del gobernante PP, por la trama “Gürtel” de presuntos sobornos de parte de empresarios a cambio de contratos y favores.

 

La acusación le costó a Camps el cargo en verano pasado, y con ello quedar apartado de la vida política, en la que se le consideraba uno de los mejores aliados de Mariano Rajoy, que esos días ya preparaba su triunfo en las elecciones de noviembre pasado.

 

En el Tribunal de Justicia de Andalucía se investiga el conocido como “caso Eres”, sobre Expedientes de Regulación de Empleo (despidos en grupo) para pagar indemnizaciones a trabajadores que no tenían la antigüedad requerida para ello.

 

El caso afecta al ex presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, sus hijos y varios de sus principales colaboradores, ya que además de vincula con posible desvío de recursos para negocios personales y gastos personales.

 

Este 2012 también inició con la noticia de que el Tribunal Supremo investigará al ex ministro de Fomento y aún vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Blanco, por presunto cobro de comisiones a cambio de subvenciones a un empresario.

 

El del político gallego (que declarará el próximo 26 de enero como imputado) puede ser uno de los casos de mayor impacto para la formación opositora, debido a su rango ocupado en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues los hechos se remontan a comienzos del 2011.

 

Además, esta semana se conoció que el presidente del PP en la provincia valenciana de Castellón, Carlos Fabra, se le someterá a juicio por cohecho y fraude fiscal.

 

Fabra es además personaje polémico por atribuirse a él la construcción de un aeropuerto en Castellón, que fue inaugurado en 2011 y aún no tiene fecha prevista del primer vuelo, y que tendrá una escultura con la cara del político encargada al escultor Carlos Ripollés.

 

Ante todo ello, el presidente del gobierno español y del PP, Mariano Rajoy, ordenó endurecer el Código Ético de la formación, con lo que se obligará a dejar el cargo a los que tengan un proceso judicial que dañe la imagen de la formación.

 

La propuesta será revisada en el Congreso del PP de febrero próximo, que también analizará la forma en que se ha gobernado en España mediante el derroche de dinero que ha elevado el endeudamiento de las administraciones públicas.(Con información de Notimex)