Los hermanos Andrés, Ignacio y José Navarro Alcaraz tenían ocho, seis y cuatro años en el verano de 1936. Vivían con su madre, Catalina, en Grazalema, un pequeño pueblo en la sierra de la provincia de Cádiz, en el extremo sur de la península ibérica. El golpe de Estado del general Franco contra el legítimo Gobierno de la II República (el Frente Nacional, una coalición de partidos de centroizquierda había ganado las elecciones en febrero de 1936) comenzó el 18 de julio y dio inicio a la Guerra Civil española que duraría hasta 1939.
El 15 de septiembre de 1936 los militares sublevados procedentes de Marruecos entraron en Grazalema. Pocos días antes, el padre de Catalina, simpatizante republicano aunque sin responsabilidad política, había huido con su esposa por miedo a represalias. Catalina, con sus tres hijos pequeños, decidió quedarse.
Tras las escaramuzas militares, el ejército continuó su avance y tras ellos se presentaron en el pueblo varios grupos de fascistas, organizados por la Falange, que, al no encontrar a los republicanos huidos, cogieron a quince de sus esposas, madres o hijas. Les raparon el pelo, las vejaron, las pasearon en un camión por las calles y finalmente las ejecutaron (tres de ellas embarazadas) en una curva de la carretera y allí las enterraron, con un adolescente que primero cavó la fosa común. Allí permanecieron, en la “curva de las mujeres”, entre el desprecio de unos y el silencio de otros, bajo una rudimentaria hilera de piedras con forma de cruz, durante más de 80 años.
En 2007 el gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, tras muchos años de insistencia de los grupos y asociaciones de izquierda. Esta Ley reconoce que se cometieron crímenes y prevé unas mínimas indemnizaciones a las víctimas supervivientes, recomienda poner fin a los símbolos de la dictadura franquista que aún estaban presentes en las calles y edificios de muchos pueblos de España (estatuas, placas, nombres de calles, etc.); y también posibilita que las administraciones públicas colaboren con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica para realizar un censo de las víctimas, localizar las fosas de las cunetas de los caminos y poder realizar las exhumaciones para que los familiares puedan enterrar a sus parientes de forma digna.
La Ley se aprueba por las Cortes españolas en un contexto en el que, por fin, empieza a hablarse en la sociedad española con claridad. Así, los familiares y asociaciones de las víctimas presentaron el 14 de diciembre de 2006 una denuncia en la que afirmaban que los miembros de la Junta de Defensa Nacional, constituida el 25 de julio de 1936 por los generales golpistas, detuvieron, torturaron y asesinaron ilegalmente y de forma sistemática tanto durante la Guerra Civil como después de finalizada. Los denunciantes pedían una investigación para saber qué pasó con sus familiares y solicitaban la exhumación e identificación de las víctimas. La denuncia se presentó en la Audiencia Nacional y correspondió al Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era el juez Baltasar Garzón.
Durante los meses siguientes, actuando como juez instructor, Garzón ordenó que se llevaran a cabo una serie de diligencias preliminares a fin de reunir datos y pruebas para decidir si el caso podía ser admitido. Se elaboró un listado con más de 100 mil víctimas identificadas. El 16 de octubre de 2008 el juez Baltasar Garzón emitió un Auto en el que se establecían varias decisiones:
– Los hechos investigados podían ser calificados de “matanzas en masa, torturas y detenciones sistemáticas, generales e ilegales de opositores políticos” entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, por lo que puede constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
– Se acordó establecer un organismo de coordinación para facilitar la investigación.
A la decisión del juez Garzón se opuso la Fiscalía, que impugnó el Auto el 20 de octubre ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional. El 2 de diciembre de 2008, la Sala, sin unanimidad, anuló la decisión de Garzón. Mientras se tramitaba ese recurso, el 7 de noviembre de 2008, el Juez cedió la competencia del caso a los tribunales locales de los territorios donde se creía que se encontraban las fosas comunes. Desde el 18 de noviembre abandonó definitivamente toda actuación en la instrucción de aquellos crímenes. El Juez no llegó a iniciar ningún procedimiento judicial contra nadie.
A principios de 2009 varias organizaciones políticas de extrema derecha (entre ellas Falange) presentaron una querella contra Garzón por prevaricación, alegando que había abusado de su autoridad judicial en la instrucción contra los crímenes del franquismo. El delito de prevaricación establece que el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta, podrá ser sancionado con multa de 12 a 14 meses de salario y una inhabilitación. La Sala Segunda del Tribunal Supremo español admitió la querella el 26 de mayo.
Garzón y el Ministerio Público pidieron el sobreseimiento de la causa por entender que, según la propia jurisprudencia del TS, para que exista prevaricación, debe tratarse de un acuerdo del juez “manifiestamente opuesto a la ley”, “claramente ilegal”, “objetivamente insostenible”. Las alegaciones de ambos no fueron tenidas en cuenta y el 7 de abril de 2010 el Juez Instructor de la causa, Luciano Varela, acordó el procesamiento de Garzón porque “sin perjuicio de que se cometiera o no un delito, no hay certeza sobre la no existencia de delito, ni que la acusación de prevaricación sea arbitraria, ilógica o absurda”. El 14 de mayo de 2010 el Consejo General del Poder Judicial suspendió temporalmente a Garzón de la actividad judicial hasta que termine el proceso.
En diciembre de 2010 se formó el Tribunal con magistrados del Tribunal Supremo, encargado de juzgar el delito de prevaricación del que está imputado Garzón.
El 24 de marzo de 2011 el juez Garzón presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España al entender que el Tribunal Supremo español ha atacado su independencia judicial, la libertad de interpretación de la ley y, en consecuencia, el Estado de Derecho, dejando indefensas a las víctimas. El TEDH aún no se ha pronunciado.
Garzón también tiene abiertas otras dos causas en el Tribunal Supremo, una de ellas por la posible ilegalidad de haber acordado escuchas en las conversaciones en prisión entre los abogados y los acusados del Caso Gürtel (una trama de corrupción próxima al Partido Popular) y otra por haber aceptado el cobro de unas conferencias en una universidad norteamericana.
El juez Baltasar Garzón llevaba 22 años en la Audiencia Nacional. Su efímero paso por la política, de la mano de Felipe González y su posterior investigación de la guerra sucia del Ministerio del Interior, a través de los GAL, contra ETA y más tarde las investigaciones contra las dictaduras militares de Argentina y Chile, que acabó con una orden de detención del general Augusto Pinochet en el Reino Unido, le dieron una importante proyección internacional. En la actualidad desempeña trabajo de asesor de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
El 16 de mayo de 2009, tras varios meses de trabajo de un grupo formado por forenses, criminalistas, historiadores y arqueólogos, con el apoyo del Ayuntamiento de Grazalema, se preparó un homenaje y entierro de las quince mujeres y un adolescente asesinados en el 36. En el cementerio estaban dos de los tres hijos de Catalina Alcaraz, Andrés e Ignacio –José ya había fallecido-, también muchos de sus nietos, tristes, pero con orgullo y satisfacción. Gracias a Garzón y a otros como él, pudieron poner, por fin, flores en la tumba de su madre.
Nadie, ciertamente, puede devolverles una infancia huérfana de cariño. Tampoco han podido ver que se hiciese justicia y que aquellos asesinos de mujeres, inocentes e indefensas, pagasen por sus crímenes. Pero si han podido recuperar un poco de orgullo. Puedo asegurar que mi padre, Ignacio Navarro Alcaraz, descansa mejor desde aquel día.
Doctor en Derecho Constitucional, Universidad de La Laguna. Tenerife, España.