La construcción de la sede que albergará la cumbre del Grupo de los 20 a realizarse en Los Cabos, Baja California Sur, en junio próximo corre el riesgo de convertirse en ‘la segunda estela de luz’, una construcción llena de polémica por sus elevados costos y opacidad en su construcción.
La cumbre es una oportunidad de exposición inigualable para México. Reunirá a los jefes de estado y de gobierno de los países más ricos del mundo y de los países emergentes de mayor relevancia en un momento en que se toman decisiones históricas para remontar la crisis económica global.
Sin embargo la logística seguida desde 2011 para ofrecer un centro de convenciones de primer nivel en Los Cabos que albergue la sede de la Cumbre ha sido no solo atropellada, sino incluso opaca.
En el camino quedó el despido de Adriana Pérez Quesnel, la ahora ex titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur; situación que en trascendidos de los diarios del país se dijo que fue motivado por su negativa a firmar el proyecto de construcción, aunque la versión oficial –a la mexicana- señalaba que la ex funcionaria renunciaba para participar “en proyectos personales muy importantes”. Algunos medios locales de Baja California reportaron que en la salida de Pérez Quesnel en septiembre pasado también influyeron las quejas de los propios empresarios locales por el retraso en el proyecto.
El caso es que Quesnel efectivamente se había negado a firmar la autorización del costo de la obra cuyo costo se fijó unilateralmente en 1,200 millones de pesos, cuando a través del concurso de licitación realizado previamente por Fonatur, la obra había sido cifrada en 350 millones de pesos. De acuerdo a diversos testimonios, en Los Pinos –quienes se encargaron de la coordinación de todo el proceso logístico para la construcción de la sede de la Cumbre- sonaron las alarmas y fue el propio jefe de la oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos, quien comunicó a Pérez Quesnel que la obra efectivamente costaría 1,200 millones de pesos y que la asignación se haría de forma directa, sin concurso, a la constructora Ingenieros Civiles Asociados, ICA; propuesta que Pérez Quesnel rechazó por lo que ese mismo fin de semana de septiembre fue notificada de su cese del cargo. La prensa reportó el hecho a partir del lunes siguiente, 19 de septiembre, y días después se hizo oficial la “renuncia” de la funcionaria.
El centro de convenciones no estará listo para junio y probablemente ni siquiera esté listo para el 15 de septiembre, que fue la prórroga anunciada en meses pasados. Ayer el semanario Zeta escribió que a pesar de que “el secretario de Turismo estatal reveló que el término de la construcción está en negociaciones, algunos ingenieros que participan en la obra argumentaron en entrevista que eso es prácticamente imposible, debido a la complejidad del proyecto de la edificación”.
¿Qué pasó?¿Falta de planeación?¿incompetencia?¿opacidad?¿corrupción? o ¿las cuatro anteriores? ¿Acaso Baja California Sur tendrá su propia ‘estela de luz’?
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