MADRID. La Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa abierta al juez español Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (1939-75).

 

El ministerio público sostuvo además que la actuación del instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, fue “absolutamente insólita e insostenible”.

 

Garzón, el juez español más conocido internacionalmente por ordenar en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, se enfrenta desde ayer en el Tribunal Supremo a una petición de 20 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación, bajo la atenta mirada de observadores internacionales.

 

“No he visto nada igual en 36 años de carrera”, afirmó el fiscal Luis Navajas, en referencia a la providencia en la que, en 2010, el instructor de la causa dio una “segunda oportunidad” al sindicato ultraderechista Manos Limpias para que subsanara los defectos advertidos en su escrito de acusación contra Garzón, orientándole además sobre cómo hacerlo.

 

La providencia, añadió Navajas, “transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba, y el juez colabora a reconstruir lo absolutamente irreconstruible”.

 

También el abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidió al Supremo la nulidad de la causa, al tiempo que denunció las “irregularidades” cometidas por Varela, que, a su juicio, han tenido un efecto “devastador” para el juez.

 

La Fiscalía respaldó la pretensión de la defensa de que se aplique a Garzón la llamada “doctrina Botín” del alto tribunal, que establece que no se podrá abrir juicio oral si la única acusación es la popular, como en este caso, y no acusa la particular ni la Fiscalía.

 

“La acusación popular es puramente adhesiva, sólo tiene facultades si se ve acompañada de acusación particular o del Ministerio Fiscal”, dijo Navajas.

 

Sin embargo, la defensa no logró el respaldo de la Fiscalía en su demanda de que se escuche como testigos a juristas españoles y extranjeros que comparten las tesis del acusado.

 

El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, por su parte, se opuso a las peticiones de la defensa y defendió la legitimidad de la acción popular para acusar cuando se perjudiquen intereses generales.

 

Garzón, que a su llegada hoy al Tribunal fue recibido con aplausos y gritos de apoyo, es juzgado por haberse declarado competente en 2008 para investigar las denuncias de asociaciones de familiares de desaparecidos durante el franquismo.

 

El juicio se celebra bajo la atenta mirada de representantes de asociaciones de derechos humanos y juristas internacionales, que asisten como “observadores” por creer que la decisión del Supremo incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal, en la que España fue pionera gracias a Garzón.

 

Ésta es la segunda vez que el magistrado se sienta en el banquillo de los acusados, en un proceso muy seguido por los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, tras ser juzgado la semana pasada en la misma corte por ordenar escuchas en un caso de corrupción. EFE