Puebla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de Justicia en contra de la Ley de Ingresos 2012 de Puebla, por considerar que violenta el artículo sexto de la Carta Magna, debido a los sobrecostos para la entrega de información relacionada al gasto público y a la recaudación fiscal del gobierno estatal.
La Ley de Ingresos 2012 de Puebla, presentada por el gobernador Rafael Moreno Valle y aprobada por el Congreso local, estipula que la información relativa a gasto público y recaudación fiscal se debe entregar impresa en copias certificadas, cuyo costo es de 80 pesos por hoja. Amén que el solicitante está obligado a identificarse al requerir la información.
Tales preceptos fueron cuestionados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), por lo que promovió la acción de inconstitucionalidad ante la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El pasado 19 de enero, el ministro José Ramón Cossio Díaz admitió a trámite el recurso presentado por la PGR y la acción quedó registrada con el número de expediente 3/2012 ante el pleno de la Suprema Corte.
El martes pasado, el máximo tribunal de justicia del país le notificó al Congreso local sobre la acción de inconstitucionalidad en su contra, confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, encabezada por el diputado priista José Luis Márquez.
El también líder priista en la Cámara local explicó que el área jurídica se encuentra en análisis de la acción de inconstitucionalidad y será en los próximos 15 días cuando respondan a la Suprema Corte de Justicia: “Tenemos que revisar los fundamentos del documento y en su momento decidiremos qué procederá, nosotros aprobamos en su momento la Ley de Ingresos; sin embargo ello no impide que los diputados revisemos el documento”.
Aunque la iniciativa de la Ley de Ingresos fue propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle, el diputado priista deslindó de cualquier responsabilidad al Ejecutivo, al asegurar que ellos aprobaron la propuesta de ley aún con los candados que se reclaman.