Para debilitar de forma significativa la estructura de los cárteles del narcotráfico y sobretodo a sus grandes líderes, no será suficiente detener a operadores financieros o decomisarles droga y dinero, si no se ataca lo más representativo de su poder económico: sus propiedades.

 

En entrevista con 24 HORAS, el copresidente del Capitulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, Ramón García Gibson, sostuvo que pese a existir ya una Ley Federal en Materia de Extinción de Dominio desde agosto del 2009, los esfuerzos en esta materia son aun insuficientes.

 

Y es que de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), durante estos dos años y medio sólo se han obtenido tres sentencias favorables en juicios de extinción, de las cuales una pertenece a un inmueble en la delegación Azcapotzalco, y el resto a dinero en efectivo y vehículos.

 

En contraste, durante ese mismo periodo, las fuerzas federales han detenido a cerca de 150 individuos identificados como presuntos operadores financieros o contadores de las organizaciones criminales, quienes en algunas ocasiones han sido sorprendidos con fuertes cantidades de dinero.

 

Sin embargo, el especialista antilavado de dinero advirtió que no habrá un daño real a la estructura económica de los grandes cárteles, si no se atacan directamente las propiedades físicas de los delincuentes, que más allá del propio valor que tengan son un “símbolo” de su posicionamiento social y de su “éxito” criminal.

 

Apenas la semana pasada, el diario The New York Times dio a conocer una serie de fotografías que muestran las grandes residencias o lujosos departamentos de capos del narcotráfico detenidos en México o Estados Unidos, y donde se evidencia el nivel adquisitivo que alcanzan.

 

“Se tiene que trabajar mucho más en que existan casos exitosos de extinción de dominio, y se deben buscar mas sentencias en ese aspecto; existe una ley federal que está siendo subutilizada y no puede ser, pues se trata de una de las herramientas fundamentales para quitarle los dientes al crimen organizado”, puntualizó.

 

Ley deficiente, pobres resultados

En agosto del año 2009 se publicó el decreto por el cual se creó la denominada Ley Federal de Extinción de Dominio, con el objetivo fundamental de contar con una herramienta jurídica que permita que la propiedad de bienes muebles inmuebles y recursos económicos de los criminales organizados, se extinga en favor del Estado.

 

Un año después, el entonces titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, reconoció que la ley tenía deficiencias y lagunas que hacían complicado materializar los juicios, principalmente en el aspecto de empatar un procedimiento de naturaleza civil respecto a la propiedad, con una averiguación de tipo penal.

 

Otro año más tuvo que pasar, hasta que el 3 de septiembre del 2011, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Extinción de Dominio, con el objetivo de que se agilicen los mecanismos de entrega de información entre el expediente penal y el civil, y se aclaren los alcances de cada uno. El asunto sigue pendiente.

 

En consecuencia, durante este lapso de casi dos años y medios, la PGR sólo ha integrado el material probatorio suficiente para que se inicien y consoliden una decena de juicios de extinción, dos en el 2010 y ocho en el 2011.

 

De los procesos que se han logrado aperturar, ocho corresponden a viviendas o residencias, entre las que destaca el departamento de Arturo Beltrán Leyva en el complejo Altitude de Cuernavaca, Morelos, y resto son propiedades en el Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Sonora.

 

Los otros dos casos, fueron procedimientos de extinción a un automóvil y más de 16 millones de pesos; y de una camioneta y poco más de 500 mil pesos en efectivo.

 

Hasta la fecha, los jueces solo han girado tres sentencias favorables: dos por los vehículos mencionados y el dinero, y la otra por una propiedad en la delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

 

Autoridades de la PGR revelaron que hay cerca de in centenar de expedientes en integración por casos factibles de extinción de dominio, los cuales nos e han logrado completar debido a las dificultades propias de la integración y de la ley vigente.