El ex procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, rechazó las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) de haber alterado la escena donde murieron los dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, el pasado 12 de diciembre.
En entrevista, aseguró que el día del desalojo de la Autopista del Sol no se presentó en el lugar de los hechos y se negó a hacer más comentarios, argumentando que esperará a que la PGR presente sus conclusiones para fijar una postura.
“A mí no me pueden acusar de nada, ni de haber alterado la escena donde murieron los estudiantes ni de haber ordenado nada, porque simple y sencillamente yo ni estuve en el lugar de los hechos”, aseveró.
Ayer, la PGR concluyó los estudios periciales y la investigación de campo que realizó en torno al caso Ayotzinapa.
Fuentes de la dependencia informaron a 24 HORAS que las conclusiones de las diligencias practicadas serán entregadas en breve a la PGJE, para que esta deslinde las responsabilidades correspondientes, sobre todo en relación a las muertes ocurridas, incluida la de un trabajador de una gasolinera.
Hasta el cierre de esta edición, los resultados de la investigación federal no se habían dado a conocer oficialmente; sin embargo, trascendió que se confirmaron diversas irregularidades y negligencias de parte de las autoridades locales que intervinieron en el caso, entre ellas la alteración del lugar de los hechos y de evidencias.
Lo anterior fortalecería la hipótesis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a que los disparos que privaron de la vida a los estudiantes que se manifestaban provinieron de las armas de los elementos de la Policía Ministerial de Guerrero.
En la PGR confirmaron que la indagatoria relacionada con los homicidios de los dos estudiantes y de un trabajador que apagó un incendio provocado en una gasolinera durante la protesta corresponde al Ministerio Público del Fuero Común, quien ahora deberá determinar el ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos que correspondan.
Por lo que hace a los delitos federales, como ataques a las vías federales de comunicación, la PGR mantendrá un desglose de la averiguación previa a través de su delegación estatal en Guerrero.
Cabe señalar que entre los estudios que llevó a cabo la PGR se encontraron periciales de mecánica de hechos, fotografía, balística, criminalística, video y química, entre otros.
Detienen a 24 más
Para ser investigados por presuntas irregularidades durante el desalojo de estudiantes de Ayotzinapa, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, policías federales detuvieron a 24 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
En una “operación hormiga”, agentes federales lograron sacar de sus oficinas a ministerios públicos, policías ministeriales y peritos para trasladarlos en calidad de presentados ante la PGR.
El operativo comenzó después del mediodía, cuando elementos federales acudieron a las instalaciones de la Procuraduría estatal para llevarse al ex subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Alejandro Hernández Paz y Puente; al director de Control de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata; a la ex fiscal regional Zona Centro, Seberiana Flores Peña, y al fiscal Especializado para la Investigación de Delitos Graves, Esteban Maldonado Palacios.
Asimismo, al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Graves, Joaquín Díaz Terrero; al fiscal especializado para el Combate del Delito de Secuestro, Pablo Alejandro Jasso Barrera; la ministerio público María Eugenia Salgado Guzmán, y el director de Servicios Periciales, Juan Manuel Martínez Utrilla.
Además, a los elementos de la policía ministerial Leticia Pinto Muñoz, Víctor Hugo Almazán, Jorge Armando López, Ricardo Arévalo, Manuel Luis Cristino, Manuel Araujo Arellanes, Jesús David Urquizo Molina, Salvador Téllez Márquez, Leodegario Cruz Lorenzo, Salvador Téllez, Israel Espinoza Aguilar, Miguel Salazar Gaona, Raúl Gaama García, Reyes Castro Tolentino y José Rodríguez Carbajo.
El domingo pasado, el director de la Contraloría estatal, Julio César Hernández, presentó la lista de funcionarios que serían investigados por haber disparado armas de fuego innecesariamente, por no prestar auxilio a las personas amenazadas, por no actuar con la decisión necesaria para evitar un daño grave y por haber tolerado y realizado actos de tortura.