México registra al año más de 700 mil embarazos en adolescentes de entre 12 y 18 años, aseguró la diputada María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza.

 

Este problema, aseguró, irá en aumento si no se atiende la insuficiente educación sexual, la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos y los reducidos programas de capacitación en la materia para los docentes.

 

Por ello, la legisladora propuso reformas a la Ley General de Educación con la finalidad de incorporar el modelo de educación sexual integral desde una perspectiva basada en los derechos humanos.

 

Además, que sea con pleno respeto a los valores de una sociedad plural y democrática en la que se incluyan aspectos étnicos, biológicos, emocionales, culturales, de género y de preferencias sexuales, detalló.

 

Aseveró que es importante ofrecer a los menores educación sexual pues muchos de ellos inician esta actividad a temprana edad; el 55 por ciento de ellos lo hace antes de concluir su educación media superior, previo a los 18 años, agregó.

 

A pesar de haber aumentado el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, su uso sigue rezagado entre ese sector social, de acuerdo con información de dos encuestas del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar.

 

Recordó que a partir de junio de 2011, los derechos humanos y sus garantías están consagrados en la Constitución, lo que obliga a las autoridades mexicanas a cumplir los principios de universalidad, interdependencia y progresividad, añadió.

 

Ante este nuevo paradigma constitucional, se considera oportuno incorporar el derecho a la educación sexual integral apoyada desde una perspectiva de los derechos humanos en el Artículo 7 de la Ley General de Educación.

 

Ese derecho, abundó, debe ser como un medio para que las niñas, niños y adolescentes desarrollen todas sus capacidades, potencialidades y ejerzan de forma responsable sus derechos sexuales y reproductivos. En Nueva Alianza hay la convicción de que nuestro país debe transitar a la consolidación de una educación sexual integral como una política de Estado estructurada e institucionalizada.

 

Esa política se debe concebir a partir de que se promueve la igualdad de género, la autoestima y el respeto por el derecho de los demás como una alternativa en la búsqueda de soluciones de uno de los problemas fundamentales en la educación de las niñas, niños y adolescentes de México, argumentó Torre Canales. (Notimex)