A pesar de haber causado un posible daño a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) superior a los mil millones de pesos, sólo pagaron 15 mil pesos de fianza y obtuvieron su libertad.
Un tribunal concedió un amparo al ex juez José Raymundo Soto Conde; al ex representante legal de la paraestatal, Francisco Ladislao Rodríguez Retes, y al perito Martín López López; la resolución disminuyó el monto de la fianza que debían cubrir y en lugar de pagar por 4 millones de pesos sólo cubrieron 15 mil pesos.
Ahora los acusados podrán seguir en libertad, firmando cada semana ante el juzgado Quinto de Distrito de Sinaloa, los dos juicios que se les siguen por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de justicia y falsedad en declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad.
La revisión iniciada por la Auditoría Superior de la Federación reveló irregularidades en los procesos seguidos para el pago de servidumbre de paso por parte de la CFE, a favor de particulares, por lo que presentaron una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR).
Al investigar, el Ministerio Público descubrió que el área jurídica de la División Noreste de la Comisión Federal de Electricidad no cumplió con su responsabilidad de defender los intereses de la paraestatal en diversos juicios, no ofrecieron pruebas, no se presentaron a las audiencias, no solicitaron la revisión de los fallos y autorizaron los pagos por supuestos daños causados por la CFE a los particulares.
En una red tejida en Sinaloa y Sonora, en este caso, las autoridades descubrieron que los abogados de la Comisión, junto con particulares, peritos y jueces, llevaron a cabo procesos exigiendo el pago de servidumbre de paso cuando no correspondía o por montos muy superiores a los que legalmente debían fijarse.
Por esa razón fue acusado Soto Conde, quien siendo juez Mixto de Primera Instancia en Mocorito, Sinaloa, atendió decenas de casos e incluso en uno de ellos ni siquiera tenía jurisdicción y a pesar de ello emitió sentencia condenando a la CFE.
Martín López López, por su parte, presuntamente emitió peritajes falsos que beneficiaban a los particulares para obtener un mayor pago por parte de la paraestatal.
El juez Quinto determinó iniciar el juicio penal es su contra y al no ser delitos graves fijó una fianza, para cada uno de ellos, por 4 millones de pesos, resolución que impugnaron y el pasado seis de enero el Segundo Tribunal Unitario de Sinaloa disminuyó la caución y con ello podrán permanecer en libertad, mientras se desarrolla el juicio.
De acuerdo con la PGR, las acciones realizadas por los tres acusados “originaron el pago indebido para la paraestatal de mil 320 millones de pesos en 232 juicios”.
El Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa cesó y destituyó a Soto Conde, por su parte la Secretaría de la Función Pública sancionó a ocho funcionarios de la CFE, de los cuales cinco fueron destituidos e inhabilitados y se les impusieron sanciones por un monto total de 475 millones de pesos.
Las investigaciones continúan tanto en la Función Pública como en la PGR, en donde se investiga a otros funcionarios de CFE ubicados en Veracruz y Chiapas, que habrían operado de la misma forma que los tres acusados, pero el daño causado sería superior.
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