Por considerar que la información que se ha difundido es falsa, que se incumplió el contrato y que las modificaciones hechas sin autorización al proyecto original de la Estela de Luz han dañado su persona y prestigio, el arquitecto César Pérez Becerril demandó por más de 60 millones de pesos a diferentes instancias del gobierno.
El autor del proyecto presentó la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), responsable de la supervisión, seguimiento y validación del proyecto, y el Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada, por ser la institución que administra el “Fideicomiso del Bicentenario”.
El documento fue entregado el 14 de diciembre y fue asignado a la Séptima Sala Regional Metropolitana; también se incluye en la demanda a la empresa Impulso Inmobiliario Integral Servicios, conocida como Triple I Servicios, encargada de la construcción de la Estela.
“Es necesario que se sepa la verdad”, afirma Pérez Becerril en entrevista con este diario.
El arquitecto sostiene en su demanda que se ha malinformado al decir que es culpable de que la obra no se haya concluido el 25 de agosto de 2010. “Se argumenta entre otras cosas que no entregué completo el proyecto arquitectónico para la construcción, que además ese proyecto era inmaduro y no era viable para construirlo, aseveraciones que son totalmente falsas y que han dañado mi persona, mi integridad física y psíquica, mi honor, mi prestigio y mi reputación como arquitecto, valores intrínsecos de mi persona que han sido destruidos y que deben ser reparados conforme lo establece la ley, mediante una indemnización económica no menor a 50 millones de pesos y que determinará este H. Tribunal”, establece la demanda.
Pérez Becerril solicita a los magistrados que las partes demandadas rectifiquen públicamente y que la Estela de luz se realice de acuerdo con su proyecto original y las adecuaciones que autorizó, ya que el monumento que se erigió “de algún modo deforman, demeritan, modifican y mutilan mi citado proyecto ejecutivo poniendo en riesgo la seguridad de la obra en construcción”.
El arquitecto también exige el pago de 10 millones 275 mil 970 pesos para cubrir los pagos que fueron autorizados por el INEHRM para llevar a cabo diversos estudios técnicos, además de sus honorarios como director y supervisor del proyecto durante nueve meses, y los viáticos que gastó en Italia para supervisar la calidad de fabricación de los paneles de cuarzo y el acero inoxidable de la Estela de Luz, viaje que autorizó Triple I.
Exige, además, el pago de por lo menos seis millones de pesos con base en la Ley Federal de Derechos de Autor, por el daño moral causado al no cumplir con los lineamientos contenidos en el proyecto original.
“Lo único que tienes es tu nombre, yo no tengo más que mi nombre y mi palabra. En esto no hay otra motivación más que la gente conozca lo que está sucediendo y el daño que te causan por ser honesto y denunciar la corrupción”, sostiene Pérez Becerril al explicar por qué inició la demanda.
El arquitecto anexó a su demanda los contratos que firmó con el INEHRM y el Banco del Ejército las cartas que envió a los diferentes responsables de la obra, los proyectos arquitectónicos completos que entregó en dos ocasiones y las constancias de recepción, la última de ellas en diciembre de 2009.
Incluyó también las cartas en las que solicitó, entre junio de 2009 y marzo de 2010, fueran elaborados todos los estudios especializados para desarrollar la obra. Los documentos describen cómo cumplió con los requerimientos legales y lo que le exigían las autoridades y empresas, incluso cómo advirtió de posibles anomalías y fallas en la construcción de la Estela.
Para complementar esas pruebas y demostrar que sí se modificó el proyecto, que se violó la ley de Obras, se incumplió el contrato y se le dañó como profesional pidió a la sala del Tribunal que acepte una serie de peritajes arquitectónicos y de ingeniería que mostrarán el costo real de la construcción, la seguridad del proyecto, la calidad de materiales y las modificaciones que sufrió en toda su estructura; así como las declaraciones de los responsables del Fideicomiso y de la obra.
Gestación de una tormenta
El 15 de abril de 2009 se declaró ganador el proyecto del arquitecto César Pérez Becerril que consistía en la Estela de Luz, la Plaza Centenario y una zona arbolada, más de 34 mil metros, lo que tendría un costo superior a los 400 millones de pesos.
Pero las autoridades responsables de la obra desecharon el 85% de la construcción y decidieron sólo edificar la Estela de Luz, que hasta agosto había representado un gasto por mil 122 millones 954 mil pesos. Así lo demuestran todos los estudios técnicos que contrataron el INEHRM y Triple I, para la obra que se referían, únicamente, al espacio del monumento, descartando el resto, violando la normatividad que les obligaba a respetar el proyecto completo.
De acuerdo con el contrato, el INEHRM, como encargado de la supervisión, seguimiento y validación del proyecto, debía contratar a las empresas o instituciones que llevaran a cabo la obra, por lo que debía entregar al arquitecto Pérez Becerril los estudios de mecánica de suelos, levantamiento topográfico, túnel de viento, mesa vibratoria, impacto ambiental, resistencia de materiales, estudio de materiales y análisis de comportamiento estructural en su relación con los soportes de paneles de cuarzo, entre otros.
El responsable de esas contrataciones sería Víctor Manuel Garcés Frías, director adjunto de Administración de la Comisión del Bicentenario del INEHRM. De acuerdo con los oficios del expediente, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue contratado en julio de 2009 para realizar el levantamiento topográfico y la mecánica de suelos, el primero lo entregó en agosto de 2009 y el segundo hasta el 5 de noviembre.
El 28 de agosto, Garcés Frías envió un CD al arquitecto, en el que aparecían supuestamente los dos estudios, pero en realidad sólo estaba el levantamiento topográfico; al revisarlo Pérez Becerril contestó ese mismo que no cumplía con lo acordado “ya que le faltaba la continuidad de las curvas de nivel en parte de la plaza y marcas de nivel dibujadas como círculos”, entre otras deficiencias, además el disco no tenía el segundo estudio.
El estudio del Politécnico no incluía la Plaza Bicentenario ni la zona arbolada, porque así se lo había solicitado el INEHRM.
El 14 de septiembre de 2009 Pérez Becerril envió otra carta a Garcés recordándole que no le habían entregado “el complemento del estudio topográfico que corresponde al área que abarcaría la plaza Bicentenario, ni tampoco los estudios de mecánica de suelos, para la realización ejecutiva del monumento, por lo que al no contar con esos estudios se hace imposible avanzar en el desarrollo del proyecto en los tiempos deseados”.
Ante la insistencia del autor del proyecto de tener todos los estudios, el INEHRM le autorizó contratarlos y posteriormente le serían cubiertos. Pérez Becerril contrató a empresas especializadas para la realización de los estudios de mecánica de suelo, el levantamiento topográfico y el túnel de viento, este último permitía hacer el cálculo estructural de la obra y fue encargado a una empresa canadiense.
El arquitecto entregó el proyecto arquitectónico ejecutivo, junto con los planos en noviembre a las autoridades, pero más tarde el gobierno del Distrito Federal informó al Comité del Bicentenario que existían dos edificios que se construirían a corto plazo muy cerca de la Estela de Luz: la torre Bancomer y la del CETRAM. Esto obligó a Pérez Becerril a realizar cambios y adecuaciones “importantes y significativas” al proyecto arquitectónico original.
Hasta el 5 de noviembre, Garcés envió al arquitecto una carpeta y un disco que incluía el estudio de mecánica de suelos “para la construcción del monumento localizada entre la entrada principal al Bosque de Chapultepec y la calle de Lieja, primera etapa”, elaborado por el IPN.
En este segundo estudio encomendado al Politécnico el INEHRM omitió pedirle a la institución que incluyera a la plaza Bicentenario pero además, al haberlo entregado tarde y sin aclararle que debían hacerse adecuaciones ante la notificación del Gobierno del Distrito Federal, ya no fue útil el estudio del IPN.
A finales de diciembre de 2009, el director del INEHRM, José Manuel Villalpando, y el delegado fiduciario del Banco del Ejército, coronel Miguel Carrasco Hernández, recibieron el proyecto arquitectónico con las adecuaciones necesarias, según muestran los documentos de recepción.
Entre enero y junio de 2010, el arquitecto volvió a informar mediante cartas al INEHRM y a Triple I que todavía no le entregaban el resto de los estudios de fatiga, de materiales, de ingeniería de tránsito o de la unidad verificadora eléctrica que permitirían cerrar el proyecto ejecutivo. No atendieron a sus peticiones.
Aparentemente la obra continuó y las empresas Triple I y Gutsa decidieron en marzo enviar al arquitecto Pérez Becerril a Italia para supervisar los paneles de cuarzo y el acero inoxidable que ya se habían solicitado a empresas ubicadas en ese país.
Para entonces, las empresas responsables habían recibido el primer adelanto por más de 200 millones de pesos, para compra de materiales y avanzar en la obra. Sin embargo, en mayo de 2010, de forma sorpresiva, se ordenó la suspensión del acero y se notificó a los proveedores del cuarzo que no podía pagárseles. La obra en su totalidad se detuvo.
Semanas más tarde la Secretaría de la Función Pública inició sus investigaciones por el retraso que la obra y el incremento de costos que. El primer resultado fue despedir al director de Triple I, Agustín Castro Benítez, y su responsable de proyecto, Alberto Bravo; antes de estar en Triple I, éste trabajó para Gutsa, cuando fue despedido regresó ahí.
Otro que quedó desempleado fue Garcés Frías, quien simplemente dejó su cargo el 15 de mayo de 2010. Hasta ahora no ha recibido algún tipo de sanción, a pesar de que no cumplió con la supervisión de la obra, retrasó los estudios y los pidió incompletos.
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