La Suprema Corte de Justicia resolverá el jueves sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Prevención de adicción y consumo de bebidas alcohólicas de Yucatán, que otorga facultades a autoridades administrativas para penar a los infractores con trabajos forzados.
Aunque durante la sesión de este martes, la mayoría de los ministros de la Corte se pronunciaron a favor del proyecto presentado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que considera carente de validez constitucional, el que el Congreso Local de ese estado otorgue facultades a autoridades locales administrativas para obligar a una persona a hacer trabajos, sin gozar por ello de un sueldo.
La ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro José Ramón Cossío Villegas, se manifestaron a favor de declarar inconstitucional lo establecido con relación a lo que en esa legislación se llama trabajos a favor de la comunidad, aunque establecieron tener diferencias con los argumentos bajo los cuales se llega a la determinación de que contraviene la constitución.
Mientras el ministro Arturo Zaldivar planteó que esta discusión sobre el derecho pro persona, permite revisar la reciente reforma al artículo primero constitucional, relativo a los derechos humanos, así como la validez de los tratados internacionales en esta materia.
El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia dijo estar en contra de declarar inconstitucional esa ley, por considerar que se debe privilegiar los derechos de los niños hijos de padres alcohólicos, por encima de los de sus progenitores.