La dirigencia nacional del PRI lanzó un “basta ya” al uso de los instrumentos de la justicia con fines electorales, y advirtió que en una democracia “no se puede fingir que se impone la ley, violando la ley”.
Al emitir su posición respecto de la indagatoria a los ex gobernadores de Tamaulipas: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el PRI sostuvo que dicha investigación se enmarca en una “persecución política y el uso partidista de la procuración de justicia en contra de adversarios políticos, que enrarecen el clima electoral”.
Sostiene que si bien “no defenderá a nadie que haya cometido un delito, tampoco acepta el manejo faccioso de la justicia”.
El tricolor manifestó que “la difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario”.
Y recordó que en el actual sexenio hay varios ejemplos de ello: Días antes de las elecciones en Jalisco, se filtró una supuesta investigación al entonces candidato al gobierno del estado y actual diputado federal, Arturo Zamora.
“Cuando encabezaba ampliamente las preferencias en las encuestas, (se le acusó) de tener vínculos con el narcotráfico y negocios ilícitos, los cuales nunca se comprobaron y terminaron en una disculpa pública pocos días después de los comicios”, que ganó el panista Emilio González Márquez.
Luego, “el vergonzoso “michoacanazo”, en el que al final todos los alcaldes inculpados quedaron en libertad, sin que se les haya acreditado la comisión de delito alguno. En Guerrero, días antes de la elección, se acusó de vínculos con el crimen organizado a Manuel Añorve, candidato del PRI al gobierno del estado. Una vez más no se comprobó ilícito alguno”.
En ese contexto, agrega el comunicado, se inscribe también la “imputación dolosa y temeraria de que los recursos asegurados al gobierno del estado de Veracruz iban destinados a apoyar campañas del PRI. Esto es absolutamente falso”.
Por ello, el priismo nacional exigió “a quienes acusan que presenten las pruebas respectivas” y se reservó el derecho de recurrir a instancias legales.
Las imputaciones falsas, insistió, “enrarecen el clima electoral y minan la confianza de los mexicanos en sus instituciones”.