Por presuntos delitos ligados con el narcotráfico, tres ex gobernadores de Tamaulipas son investigados por la Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez-Jácome, confirmó ayer en conferencia de prensa que el pasado 13 de enero, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recibió un oficio de la SIEDO, área a cargo del subprocurador José Cuitláhuac Salinas, en el que se solicitó a todas las comandancias de las terminales aeroportuarias, que se informara de los registros de entrada y salida al país de diferentes personas.
Fuentes de la PGR informaron que en esa lista estaban los ex mandatarios Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, además de un grupo amplio de familiares de algunos de ellos, colaboradores y particulares.
Pese a que en apariencia la alerta migratoria emitida por el gobierno federal en contra de tres ex gobernadores no impide que viajen al extranjero, la procuraduría está facultada constitucionalmente para proceder con su detención en caso de que intenten abandonar el territorio nacional.
Abogados penalistas consultados por 24 HORAS coincidieron en que la PGR cuenta con las facultades legales necesarias, tanto para solicitar el seguimiento migratorio de las personas señaladas, e incluso para detenerlas si considera que pretenden sustraerse de la acción de la justicia, con la simple solicitud de información desde los aeropuertos.
El abogado Rodrigo Higuera, puntualizó que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo sexto, faculta a la representación social (MP) para detener a una persona investigada si cuenta con indicios que así los justifiquen y que amerite retenerlo ante el riesgo de que se vaya y no sea ubicado.
“Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder”, señala el referido párrafo del artículo 16.
En este contexto, Higuera señaló que si alguna de los ex funcionarios de los cuales se está haciendo el seguimiento pretende salir del país, la PGR puede considerar que es procedente su detención considerando que se trata de un “caso urgente”.
Sobretodo, porque de acuerdo con lo señalado por autoridades de la dependencia federal, los ex gobernadores están vinculados con al menos con una averiguación previa iniciada en la SIEDO, presuntamente por delitos del narco.
Dado que la PGR ya cuenta con el aviso migratorio correspondiente, el procedimiento para la detención consistiría en que el Ministerio Público, después de ser notificado del intento de salida del implicado, solicita a la comandancia de la Policía Federal o Policía Ministerial Federal que se encuentre en la terminal aeroportuaria correspondiente, su intervención para la captura.
“Se le indica a la persona que se trata de caso urgente y se le lleva al Ministerio Público para que rinda declaración sobre la averiguación con la que se le relaciona; ya ahí la autoridad decide si solicita a un juez una orden de aprehensión o arraigo, o si deja en libertad definitivamente al presentado”, indicó Higuera.
Por su parte, el penalista Enrique Ostos, confirmó también que la PGR puede usar estos instrumentos para el seguimiento de personas que se encuentran bajo investigación, y que la figura de “caso urgente” hace posible una detención sin orden judicial, si se considera que la persona pudiera evadirse.
No obstante, hizo hincapié en que es importante que se encuentre bien fundamentada la averiguación previa en la que se sostuvo la Procuraduría para primero solicitar el seguimiento y luego una potencial detención, pues de lo contrario se podría caer en un abuso de autoridad o en delitos contra la correcta procuración de justicia.
Los especialistas consultados coincidieron en que el “aviso” o “alerta” migratoria girada, no impide tácitamente a ninguno de los ex gobernadores o demás personas involucradas viajar o abandonar al país, pero si implica que sus movimientos sean seguidos ministerialmente.
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