En las próximas semanas, la Secretaría de la Función Pública dará a conocer las resoluciones de tres expedientes sobre las irregularidades detectadas en la construcción de la Estela de Luz.

 

En las resoluciones se prevé que sean sancionados, por lo menos, 13 ex servidores públicos de la empresa filial de Pemex, Impulso Inmobiliario Integral Servicios (Triple I Servicios), que participaron en las decisiones para erigir el monumento conmemorativo del Bicentenario del inicio de la Independencia. Sin embargo, las personas que serían inhabilitadas ya renunciaron desde el año pasado, antes de que iniciaran las investigaciones administrativas.

 

Información obtenida por 24 HORAS y confirmada por distintas fuentes del gobierno federal revela que, tras revisar los documentos que integran el proyecto de la Estela de Luz, los planos, las bitácoras de obra y supervisión, los estudios especializados realizados y los oficios emitidos, entre otros, los investigadores de la Secretaría de la Función Pública confirmaron que funcionarios de la empresa Triple I Servicios llevaron a cabo procedimientos de adjudicación de contratos que violaron la normatividad aplicable y causaron un daño al patrimonio del Estado.

 

En otro de los expedientes iniciados por los auditores se revisa qué funcionarios facilitaron y autorizaron la contratación, en Triple I Servicios, de Juan Alberto Bravo, y quién lo designó coordinador de la obra de la Estela de Luz, a pesar de que su anterior trabajo era como coordinador de proyectos en Gutsa, empresa que precisamente construyó el monumento, algo que expresamente la Ley de Obras prohíbe.

 

A pesar de estas investigaciones, hasta ahora, las auditorías de la Función Pública no han incluido a los funcionarios del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) que fungieron como supervisores de la obra y debieron conocer y frenar las irregularidades cometidas por Triple I Servicios; lo mismo que los empleados del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) que pagaron adelantos sin que se cumpliera con el contrato y tardaron en ordenar estudios y verificar que éstos fueran correctos, por ejemplo, y a la propia empresa Gutsa.

 

En consecuencia, dicha secretaría no ha revisado la modificación del catálogo de conceptos, los cambios en el contrato y que arrojaron hasta un tercer convenio, tampoco el sobreprecio y calidad en los materiales utilizados en la construcción, las omisiones en la elaboración de estudios especializados y, principalmente, los posibles beneficios económicos que recibieron los funcionarios involucrados. Esta tarea podría tener resultados en la Auditoría Superior de la Federación, tras la revisión que practica sobre el caso.

 

En septiembre del año pasado, la Secretaría de la Función Pública sancionó a tres ex empleados de Triple I Servicios: Agustín Castro Benítez, ex director de la empresa a quien se le inhabilitó por 12 años; Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de Administración y Finanzas, y Rubén Enrique Arenal Alonso, ex gerente Jurídico, los dos inhabilitados sólo por un año cada uno.

 

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública no consideró que estos ex servidores públicos hubieran causado un daño al patrimonio del Estado, a pesar de que “permitieron la participación de un particular en la planeación y contratación de la obra”.

 

Ese particular es Juan Alberto Bravo, sobre quien en ese expediente la Función Pública determinó que se ostentaba como funcionario público sin serlo, pero ahora, en un segundo expediente abierto por la misma institución, ya se confirmó que el arquitecto empleado de Gutsa sí tenía oficinas en Triple I Servicios, cobraba un salario y primero, desde la subsidiaria de Pemex, intervino en el proyecto de Estela de Luz, lo modificó y después coordinó las bases para la invitación a tres empresas para la construcción de la Estela de Luz y Gutsa ganó el contrato, con quien regresó a trabajar cuando todavía se estaba construyendo el monumento.

 

En agosto pasado, la Función Pública dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) contra los tres funcionarios y Juan Alberto Bravo, por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y usurpación de funciones.