Existe un amplio consenso sobre el obstáculo que representan la pobreza y la desigualdad para el desarrollo de la democracia en América Latina. Sin embargo, el grado y las maneras concretas en las que éstas erosionan las sociedades democráticas son todavía cuestiones de debate.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe define la pobreza como “la incapacidad para desarrollar las capacidades necesarias para relacionarse adecuadamente en sociedad”.(1) Esta definición toma en cuenta la contribución de Amartya Sen, quien concibe la pobreza no sólo como falta de ingresos, sino como el impacto que tiene la falta de estos recursos y otros, como la salud y la educación, en la vida de una persona: falta de oportunidades y libertades limitadas para llevar a cabo una vida que considere valiosa.(2) Bajo esta perspectiva, los recursos o la falta de ellos no pueden ser debidamente juzgados sin hacer referencia a lo que puede lograrse con ellos y la posibilidad de convertirlos en capacidades, es decir las oportunidades de las personas.
Las maneras concretas en las que la pobreza y la desigualdad limitan las oportunidades de las personas a actuar y vivir en una sociedad democrática son varias. La baja calidad de la educación aunada a la gran disparidad en la calidad de la misma que reciben los estratos más pobres de la sociedad, comparado con los estratos más ricos, genera una avalancha de diversas desventajas. Una de las consecuencias más notables para la democracia, que la desigualdad en la educación y la pobreza generan, es la incapacidad para vivir protegido por la ley y hacer uso de derechos políticos (como por ejemplo, la denuncia pública, el derecho a un juicio justo, derecho de asociación y el derecho a postularse para cargos públicos). El ejercicio de estos derechos y no sólo su enunciación constitucional es una condición esencial para que florezca la democracia.
Aun cuando la media de las tasas de alfabetización de adultos en América Latina es de 90.3%, la calidad de la educación universal es muy baja y la disparidad entre la población de altos y bajos ingresos está más cerca de ser un abismo que una justa diferencia. En Latinoamérica sólo 8.3% de la población entre los 25 y 29 años de edad termina una carrera universitaria. Y sólo uno de cada 27 con título universitario pertenece a la clase de bajos ingresos del país. Tanto la falta de educación de buena calidad como la desigualdad enraizada en la manera en la que se distribuyen el conocimiento y las habilidades, dificulta la posibilidad de crear ciudadanos que puedan reclamar y hacer uso de sus derechos políticos.
Esta misma disparidad contribuye a limitar el acceso de los pobres a la información y a mecanismos de acción colectiva (como las redes sociales), limitando así los derechos políticos de las personas en dos niveles. En primer lugar y a nivel individual, hace difícil que alguien con una mala educación pueda orientarse adecuadamente dentro de la ley. Un claro ejemplo de esto es el considerable aumento del sector informal en las últimas décadas.
En segundo lugar, la falta de educación a nivel colectivo y el poco espacio en la vida de las personas para planear proyectos a largo plazo, dificulta las actitudes necesarias para la organización y la acción colectiva. Por lo general, largas horas de trabajo con bajos salarios, impiden que la gente pueda dedicar energía y tiempo para este tipo de organización colectiva. Así mismo, la disposición para deliberar y participar en la acción comunitaria, y promover así sus intereses y la participación activa en la democracia se ve reducida por el resentimiento creado por las enormes desigualdades socioeconómicas. Además, la falta de tiempo y de un nivel mínimo de seguridad económica es un obstáculo para poder tener planes a largo plazo; aunque existen numerosos movimientos y cooperativas que demuestran que la gente con menores ingresos es capaz de lograr una buena organización y acción, aún si estos casos son el resultado de mucho esfuerzo y sacrificio. La acción colectiva es un paso importante hacia la representación política y un alto nivel de pobreza es un obstáculo para lograrlo.
Por otra parte, poco conocimiento de las herramientas tecnológicas disponibles hace que su acción sea difícil e ineficiente. El promedio de personas en Latinoamérica que utiliza internet es de 29.2% (alto, en comparación con otras regiones del mundo), pero muy bajo en comparación con el 60% en países pertenecientes a la OCDE. Un bajo nivel de educación y la necesidad material, hace que las personas pobres sean más propensas a la manipulación sobre la base de intereses económicos. Las conocidas “despensas” son un ejemplo de esto.
Las deficiencias en la educación y las desigualdades también tienen un impacto en la formación de instituciones. Altos niveles de participación, la reciprocidad entre los partidos políticos, la sociedad civil y la rendición de cuentas caracterizan instituciones fuertes. Sin embargo, la participación sin un sentido de pertenencia o un mínimo de participación es una “idea guajira”, constituyendo los altos niveles de desigualdad un obstáculo para la inclusión social y erosionando así las actitudes fundamentales que crean vínculos sociales de pertenencia y participación.
El sentimiento de marginación y exclusión que la “cultura de los pobres” ha creado en Latinoamérica también dificulta la posibilidad de que las personas reivindiquen sus derechos políticos. Viviendo en la pobreza de generación tras generación, se crea una sensación de impotencia, desesperanza y abandono que socava gravemente toda iniciativa de cambio y destruye la participación social. Estos sentimientos son un factor influyente que determina el grado en que las personas se involucran socialmente en círculos más amplios, fuera de los círculos familiares.
Además de esto, la desigualdad fomenta el resentimiento obstaculizando la confianza política y las negociaciones entre las partes en desacuerdo. La membresía y participación son elementos clave para la salud de las instituciones democráticas, para que así en una democracia los ciudadanos perciban, sea esto cierto o no, que sus representantes gobiernan de forma transparente, de acuerdo a sus intereses y al bien público, y que sus voces están siendo escuchadas. Los altos niveles de pobreza y desigualdad son una buena razón para pensar que este no es el caso.
Los altos niveles de desigualdad tienden a “evolucionar de tal manera que se restringe el acceso a las oportunidades, aventajando a miembros de la elite, manteniendo una desigualdad relativa,” y “reduciendo las perspectivas de crecimiento económico”. (3) La pobreza no sólo afecta diariamente a millones de personas, sino que también afecta la estructura de nuestra sociedad, dificultando las posibilidades que tenemos de convertir nuestros recursos en capacidades que fortalezcan nuestra democracia.
* Maestra en Filosofía y Políticas Públicas egresada de la London School of Economics. natalia.villalpando@gmail.com
1. En http://www.eclac.org/dmaah/guds/pobreza.htm
2. Sen, Amartya. Inequality re-examined. P. 110-111
3. Correa Cabrera ,Guadalupe. Explaining Democratic Fragility in Unequal Latin America. The Effects of Income and Wealth Redistribution. Prepared to be delivered at the 2006 Meeting of the Latin American Studies Association San Juan, Puerto Rico March 15 – 18, 2006. p.16 See also Engerman and Sokoloff 2002, p. 31.