La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reportó que durante 2011 recibió el reporte de 134 agresiones contra periodistas y profesionales de la comunicación, de las cuales 11 corresponden a homicidios.

 

Veracruz se ubica como el primer lugar en asesinatos a periodistas, con un total de cuatro de los 11, mientras que el Distrito Federal ocupa el segundo sitio con dos asesinatos.

 

Los estados donde se registraron las otras cinco muertes son Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora, con un comunicador asesinado en cada una de ellas.

 

En cuanto a las agresiones en general hacia periodistas o medios de comunicación, el lugar uno lo ocupa el Distrito Federal, con 22 casos, y el segundo sitio Veracruz, con 15 –incluido el secuestro de un colaborador de Notiver, quien hasta el momento se encuentra desaparecido y el ataque al periódico Buen Tono de Córdoba-.

 

De acuerdo con el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CDHDF, los funcionarios locales son quienes más agreden a los periodistas, ya que el año pasado identificaron 42 casos en los que se les responsabiliza del hecho.

 

Otro tipo de ataques frecuentes, además de los homicidios, son la privación de la libertad, agresiones físicas, allanamientos, robos y amenazas. La CDHDF documentó cuatro casos de privación de la libertad, sin que hasta el momento se conozca el paradero de las víctimas.

 

Las amenazas son el tipo de agresión más recurrente al registrarse 34 casos del total, seguido de agresiones físicas, con 16, y 15 registros relacionados con la obstrucción al ejercicio periodístico. De igual forma se contabilizaron 11 robos y siete ataques a instalaciones de medios de comunicación y otros tantos de impedimento para la circulación de publicaciones.

 

Cabe destacar que se contabilizaron 75 casos en los que las víctimas fueron hombres y 24 ocasiones mujeres.

 

El registro de la Relatoría para la Libertad de Expresión es elaborado a través de comunicados de organizaciones, medios de comunicación, entrevistas directas con las víctimas o los directivos de los medios de comunicación en los que éstas colaboran.

 

En cuanto a agentes probablemente responsables se tienen registrados a 43 servidores públicos del ámbito local, 42 que no se lograron identificar, 23 funcionarios o servidores públicos del ámbito federal, 15 particulares y 11 de grupos delictivos.

 

Casos en el DF

De los 22 casos reportados en el Distrito Federal, destacan los asesinatos de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, la primera de ellas colaboradora de la revista Contralínea. En ambos casos la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó, en el mes de octubre, que el móvil no tenía relación con el ejercicio periodístico.

 

Otro caso fue el allanamiento y robo a las oficinas de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) en el mes de mayo, hecho por el cual se abrió una investigación en la PGJDF de la que no se tienen aún resultados.

 

Entre otras agresiones registradas en la ciudad destacan los actos de amenazas, agresiones físicas, obstrucción al ejercicio periodístico, robo, impedimento para la circulación de publicaciones, tentativa de homicidio, detención, intervención de comunicaciones, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, entre otras.

 

En segundo lugar de casos de agresiones se ubica el estado de Veracruz, con 15 registros, dentro de los cuales resaltan los cuatro asesinatos de comunicadores, tres de ellos colaboradores del principal medio escrito de comunicación en la entidad, Notiver.

 

También resalta el caso de un colaborador periodístico que fue privado de su libertad y cuyo paradero se desconoce hasta el momento, así como la detención y sujeción a proceso de dos personas quienes a través de Twitter difundieron una información que no resultó veraz; sumado al incendio provocado en las instalaciones del periódico El Buen Tono.

 

Estas cifras coinciden con lo señalado por las Relatorías de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos (OEA), quienes sustentan que México es uno de los países más riesgosos para ejercer la profesión periodística. Lo anterior ilustra las condiciones de vulnerabilidad en las que los y las periodistas ejercen su profesión, considerando que las cifras de periodistas asesinados entre los años 2000 al 2011 suman 77 casos y de periodistas desaparecidos ascienden a 16.

 

“Cabe destacar que a estas condiciones de vulnerabilidad se le suman las nuevas amenazas al ejercicio de la libertad de expresión a través de las redes sociales, proferidas desde esferas gubernamentales pero también desde las empresas que manejan estas redes”, detalla la CDHDF.

 

 

 

 

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