Uno de los temas en la agenda política global es promover e incentivar la apertura de los gobiernos. Si bien el tema de gobierno abierto es una discusión que tiene ya años, desde 2011 se ha generado una iniciativa multilateral a través de la cual se pretende tomar decisiones y acciones concretas que permitan a los gobiernos asumir su responsabilidad en la implementación de políticas públicas que den como resultado una mayor transparencia, un sistema adecuado de rendición de cuentas, un compromiso en la lucha contra la corrupción, el empoderamiento civil, una mayor participación ciudadana, así como la utilización de herramientas tecnológicas y sistemas de información accesibles para garantizar dicha interacción pública.
Desde septiembre del año pasado, el gobierno de México firmó, en su condición de miembro de la sociedad de gobierno abierto (Open Government Partership), la declaración de principios del Gobierno Abierto, fundados en la declaración universal de los derechos humanos, la convención de las naciones unidas contra la corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno. Dicha declaración -firmada también por países como Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, África del Sur, Reino Unido y Estados Unidos- compromete a los países a incrementar la información sobre las actividades gubernamentales, promover y apoyar la participación ciudadana, implementar estándares de integridad profesional en la administración pública y, finalmente, ampliar el acceso a nuevas tecnologías para la rendición de cuentas y la transparencia.
Este compromiso coincide con los esfuerzos llevados a cabo a nivel nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa de Responsabilidad del Gobierno, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Programa de Mejoramiento de la labor del gobierno y otras políticas públicas que han empezado a cosechar algunos resultados entre los que se debe destacar la mejora de los procedimientos públicos, así como La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual garantiza el acceso a la información y permite a los ciudadanos vincularse en la toma de decisiones públicas. Si bien se pueden reconocer ciertos avances, es cierto también que aún falta mucho tramo por recorrer para adoptar integralmente una agenda que nos lleve a funcionar como un gobierno verdaderamente abierto.
Entre los pendientes destacan la realización por parte del gobierno federal de una encuesta a los ciudadanos sobre cómo eficientar el servicio de más de 300 procedimientos y servicios federales. Por otro lado, hace falta terminar con el desarrollo de la página web de apoyo para los ciudadanos (www.gob.mx) que pueda facilitar la integración de los procesos relacionados con los servicios digitales y la utilización de plataformas comunes y sistemas de información que fomenten el uso de bases de datos. Este reto significaría para el Gobierno mexicano la creación de una nueva generación de bienes públicos digitales con centros de información confiables basados en derechos, garantías y necesidades básicas de los ciudadanos, tales como son los registros de la identidad, la propiedad y la salud.
Otro objetivo deberá ser el ampliar la publicación de información socialmente útil, así como actualizar y fortalecer los procedimientos mediante los cuales las diferentes dependencias federales deberán identificar, organizar y publicar sus datos. Uno de los temas más importantes en este sentido lo constituye el gasto público. La transparencia presupuestaria no puede existir sin prácticas de rendición adecuadas. Por lo tanto, debe existir un compromiso para mejorar las finanzas públicas al aplicar prácticas de rendición que puedan ser homogéneas, eficientes, basadas en resultados e información cuantificable y medible. Una primera fase del compromiso con la transparencia deberá ser, según lo recomendado por el plan de acción para México elaborado por la sociedad de gobierno abierto, el auditar a los órganos de gobierno municipales y estatales a través de la creación de una Asociación Nacional de Examen y Control Gubernamental, que agruparía a las oficinas de examen a nivel estatal con la entidad examinadora federal, así como con la Secretaría de la Función Pública.
Además de estas acciones, la consolidación del sistema de licitaciones públicas es una parte fundamental para lograr una mejor y más eficiente administración de los recursos públicos. Una vez que se realicen las reformas legales necesarias para esta transformación, el Gobierno Federal deberá buscar fortalecer el alcance y el impacto de su nueva política de licitación pública con mejoras en el sistema electrónico de licitaciones (Compranet) y con la generación de nuevos mecanismos de contratación y perfil de los agentes de gobierno que los operan.
Estás políticas de gobierno abierto llegan a México en buen momento, dado el hartazgo y la desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Las recientes transformaciones tecnológicas, así como el mayor índice de participación ciudadana a través de nuevos mecanismos como las redes sociales, son instrumentos que permitirán horadar el camino hacia el cumplimiento de esta agenda por un gobierno abierto. Hará falta desde la ciudadanía promover y exigir estos cambios, de tal forma que nuestro gobierno esté a la altura de las demandas globales acuñadas por los sistemas democráticos propios del siglo XXI.
* Psicólogo, asistente de investigación en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate.
El plan de acción y los compromisos asumidos por México pueden consultarse en la página bajo la sección de country commitments en el apartado de países participantes.
Open Government Partnership: www.opengovpartnership.org