Hoy en día, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la entidad en la que viven, cuando en 2005 eran sólo 4. La razón es un incremento en 700% de los homicidios relacionados al crimen organizado de los primeros meses de 2007 a finales de 2010, un aumento del doble en la probabilidad de ser secuestrado o extorsionado en el país en los últimos seis años, y una escalada sustancial en otros delitos de alto impacto3. Aún cuando la Federación ha destinado en el sexenio más de 600 mil millones de pesos para el gasto público en seguridad 3 –monto que equivaldría a 20 veces el programa contra la pobreza Oportunidades– hemos observado un incremento en la incidencia delictiva en México.
Al inicio del sexenio, se creía que la violencia era sólo un efecto del narcotráfico. Mientras el problema estuvo acotado, el ejército se encargó de terminar con el conflicto. Poco tiempo después los delitos de alto impacto se dispararon. Por ejemplo, en Chihuahua, la tasa de homicidios llegó a 130 por cada 100 mil habitantes; 22 veces más que el promedio de Estados Unidos y 63% más que los homicidios de Colombia en su peor momento. En Michoacán, por otro lado, se observó un incremento en 750% en la tasa de secuestros4.
Cuando las fuerzas armadas se vieron rebasadas por el problema, el presidente Calderón emprendió una campaña de depuración de fuerzas policiacas federales y de sofisticación de los centros de inteligencia criminal en el país. En el proceso, sin embargo, la estrategia de Presidencia olvidó por completo modificar las reglas de la institución encargada de acusar a quienes cometen un delito ante un juez: el Ministerio Público (MP).
El problema fundamental de los MP radica en su incapacidad de procesar efectivamente delitos de alto impacto. Todas las denuncias – desde un robo de celular hasta una extorsión o un secuestro– reciben el mismo tratamiento y los mismos recursos institucionales. El problema de esta dinámica es que, al tratar todos los delitos igual, sólo se castiga a delincuentes menores que son atrapados en flagrancia y casi nunca a quienes cometen los delitos más complejos y violentos. Por lo tanto, a un mayor número de delitos graves cometidos, como hemos observado en los últimos años, la capacidad del MP para resolverlos disminuye. El resultado es una impunidad creciente en este tipo de delitos.
Para modificar el escenario anterior es necesario reconocer que no existe un sistema de justicia, en el mundo, con la capacidad suficiente para procesar todos los delitos que se cometen. En consecuencia, si la meta del gobierno es la reducción de la violencia en el país entonces se requiere una estrategia que parta de una clara priorización de los delitos que más dañan a la sociedad. No es suficiente identificar los crímenes de alto impacto, también se deben distinguir que, dentro de ese catálogo, existen delitos que causan más daño que otros.
Con esto en mente, en CIDAC nos dimos a la tarea de determinar cuáles son los delitos que efectivamente impactan la percepción de inseguridad de los ciudadanos y en qué medida lo hacen. El resultado son sólo ocho –secuestro, homicidio, extorsión, lesión, robo a peatón con y sin violencia y robo a vehículo con y sin violencia– los que han logrado modificar toda la dinámica social en México. Y el impacto de cada uno es diferente. Mientras que un aumento de 10 secuestros por cada 100 mil habitantes aumenta la percepción de inseguridad en el país en casi 5%, se necesitaría de un aumento de 73 extorsiones por cada 100 mil habitantes para generar el mismo efecto. Por lo tanto, si un secuestro no causa el mismo impacto que una extorsión no deben de ser perseguidos –ni contados– de la misma manera. El estudio en cuestión se titula 8 Delitos Primero. Índice Delictivo CIDAC y se encuentra disponible en www.cidac.org
Reconocer estas diferencias es necesario para entender la realidad del país y fundamental para lograr una adecuada toma de decisiones en el día a día de nuestros ministerios públicos. Hacerlo marcará la diferencia entre un sistema de justicia que es capaz de contener la ola de violencia en el país y otro que no pueda hacerlo. De ir, entonces, por estos 8 delitos primero, focalizando la estrategia y los recursos del Estado, el país podría comenzar a subsanar las deficiencias de las instituciones y con ello elevar la probabilidad de castigo para los criminales.
* Investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)
1.CIDAC a partir de datos de las ENSI-3 y ENSI-7
2.CIDAC a partir de Presidencia y el SNSP
3. CIDAC a partir de México Evalúa
4. Números Rojos CIDAC