El tema de la sustentabilidad en vivienda y edificios ha dejado de lado la accesibilidad para discapacitados. Una de las razones para que se mantengan estas barreras es el costo de adaptar los espacios, ya que en el caso de edificios nuevos puede representar un gasto adicional de 5%, y de 15% construcciones usadas.
La arquitecta y consultora en accesibilidad, Janett Jiménez, señaló que son tres las barreras arquitectónicas que impiden su libre desplazamiento: urbanas, de transporte y en la edificación. Según el Inegi, una cuarta parte de los más de cinco millones de personas con algún tipo de discapacidad en el país no tiene acceso a espacios que les garanticen la movilidad.
En materia de accesibilidad México tiene un rezago de 20 años en comparación de Estados Unidos, que en 1990 promulgó una ley federal de accesibilidad y actualmente 95% de los edificios públicos cuenta con estas características.
“Este sector de la población se enfrenta a diario con barreras arquitectónicas que impiden su integración a la sociedad. Las necesidades del sector para poder vivir y adaptarse al ritmo de vida de ciudades como el Distrito Federal son muy extensas y poco se ha hecho para satisfacerlas”, señaló la experta.
El Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 plantea que al concluir el sexenio 90% de los edificios públicos sean accesibles, pero no establece partidas específicas para adaptar espacios físicos, dejándolo a la discrecionalidad de cada dependencia. A meses de que concluya la presente administración, no existe un censo de instalaciones públicas accesibles.
En cuanto a espacios educativos, apenas tres universidades mexicanas han recibido el reconocimiento por ser 100% accesibles: la Universidad de Santa Catarina en Nuevo León, la Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Iberoamericana.