En su discurso durante la presentación del estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones el pasado 30 de enero -que más que por su contenido será recordado por el enfado público que provocó en el empresario Carlos Slim– el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, se refirió a diez acciones a poner en marcha durante el primer semestre del año.
Una de ellas, la quinta, decía a la letra “impulsar adecuaciones al marco legal en la materia que generen mayores condiciones de competencia, detonen inversiones y brinden mayor certeza jurídica a los participantes. Para ello, continuaremos trabajando con el Congreso de la Unión a partir de iniciativas que ya están siendo analizadas, en temas como la apertura al 100 por ciento en inversión extranjera en telecomunicaciones, elevar el monto de sanciones para inhibir acciones contrarias a la ley y dotar de mayor fuerza al órgano regulador, entre otros. De ser necesario, presentaremos las iniciativas correspondientes”.
Acciones como éstas deben subrayarse con carácter de urgente tanto en la agenda de los funcionarios públicos involucrados como en la de los legisladores que tienen que revisar, discutir y aprobar las propuestas que, como dijo el secretario, tendrían que ser resueltas en este mismo semestre.
Pero hay un asunto que debe ser enfatizado de forma particular y que francamente no sé si está comprendido en aquella frase de Pérez Jácome de “dotar de mayor fuerza al órgano regulador”. Y me refiero concretamente a hacer de la Comisión Federal de Telecomunicaciones –y de paso del otro órgano regulador inmiscuido en estos asuntos, la Comisión Federal de Competencia- un órgano colegiado.
A la luz de la historia reciente se requiere no solo que el pleno de estos organismos reguladores tenga la suficiente distancia de injerencias externas –incluidas las del gobierno- que contaminan o corrompan sus resoluciones de carácter técnico, sino también que cada uno de los comisionados de estos organismos asuman tareas y responsabilidades asignadas al interior del Pleno a fin de evitar concentraciones excesivas de atribuciones en el presidente-comisionado de estos organismos, que pone en riesgo la reputación de los organismos.
Colegiar a estas comisiones le daría mayor fuerza a los órganos reguladores alejándolos del protagonismo personal y de las tentaciones naturales que acarrea la concentración del poder, en un ámbito crucial para el futuro inmediato del país.
SÍGALE LA PISTA…
Un buen amigo y estupendo economista, quien prefiere no ser citado, me dice respecto al asunto que ayer abordé aquí sobre el inusual incremento en la población económicamente activa durante 2011 y que vale la pena citar: “Creo que también hay un problema de calidad de la información ya que a partir del año pasado el INEGI comenzó a usar los datos del censo de 2010 en lugar de las del conteo de 2005 y la diferencia entre ambos es de alrededor de 1.5 millones de personas más”. El apunte es relevante por su importancia y sus implicaciones por lo que sería pertinente que Eduardo Sojo y su equipo de expertos en INEGI ofrezcan una explicación pormenorizada al respecto.
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