El olor a muerte es insoportable. Es la fetidez que desprenden los cerca de 340 cuerpos de los presos calcinados la noche del martes en el incendio de la Granja Penal de Comayagua, en Honduras. En el incendio fallecieron 356 presos, entre ellos un mexicano, Walter Javier Paz Calderón, hay otro reportado como desaparecido. Los familiares de las víctimas, concentrados en el servicio forense de Tegucigalpa desde hace tres días, aguantan estoicamente. El jueves, un reguero de la sangre de sus muertos se escurría entre sus pies, desde la entrada a la morgue. Ayer, un cordón policial los obligó a alejarse otros doscientos metros para evitar infecciones o contagios.
Pero aun así la fetidez permanece. “Ahí viene corriendo también la sangre de mi esposo”, cuenta entre lágrimas Gloria Marina Redondo. Su marido Marcio Arturo Sánchez murió calcinado en la pila que usaban los presos para bañarse. Se refugió allí huyendo de las llamas, sin embargo, en los 40 minutos que tardaron en intervenir los bomberos, el agua se consumió y Marcio pereció. Ahora espera que le entreguen el cuerpo para darle sepultura. Sin embargo, en lo que va de la semana sólo han entregado 15 cuerpos.
El grave estado de cremación y la precariedad del servicio forense hondureño –con solo tres mesas de autopsia- hace muy difícil las tareas de reconocimiento, pese a que cuentan con ayuda de especialistas mexicanos, salvadoreños y chilenos. El Ministerio Público asegura que pueden demorarse cerca de dos meses, aunque van a habilitar 16 mesas más para acelerar el procedimiento. Mientras, el dolor, el cansancio y la indignación de los deudos aumentan.
“Que agilicen el trámite porque no podemos estar aquí tantos días, durmiendo en el piso, sin casi comer, sin descansar”, exige Albertina Castellanos, cuyo yerno, de 34 años, murió achicharrado en el módulo 7. Tenía tres meses en la prisión, a la espera de juicio. También exige justicia. “Que detengan a esos perros asesinos que mataron a nuestros parientes, fueron las propias autoridades las que provocaron todo”, señala airada. Benjamín Rodríguez asiente. También perdió a su hijo, Félix, de 26 años, quien llevaba dos años preso a la espera de sentencia. Estaba en el módulo 6, el pabellón donde se desató el fuego.
Custodios prendieron el fuego
Las primeras hipótesis apuntaban a un cortocircuito o la quema de un colchón. Pero el jueves, dos presuntos prófugos llamaron en directo a un noticiero nacional para denunciar que no había sido un accidente. Según ellos, había una fuga planificada de 85 reos, por la que cada uno habría pagado unos cuatro mil dólares por su huida. Debían salir a las 10 de la noche, disfrazados de policías. Sin embargo, los custodios los habrían traicionado y después de haberse embolsado el dinero les habrían prendido fuego, al rociar de gasolina los pabellones y empezar a disparar.
El hombre, que se identificó como un preso del pabellón 8, de 27 años, aseveró que estaba a salvo con otros dos prófugos, uno de los cuáles también se puso al teléfono y ratificó la versión. Los tres traerían impactos de bala y quemaduras. “Nos prendió fuego la policía para hacer parecer que era una fuga. Que revisen las cuentas del señor director, se pagó un dinero para poder salir. Nos íbamos a ir 85. Todos ellos estaban a favor. A mi me tocó dar 85 mil lempiras (4 mil 400 dólares), unos dieron más y otros menos”.
La Fiscalía no descarta esta opción, pero prefiere no pronunciarse. “No vamos a tener hipótesis concretas mientras no tengamos un dictamen técnico que defina causa y lugar del siniestro”, concluyó la fiscal Danelia Ferrera. Pero el portavoz de la fiscalía, Melvin Duarte, asegura que independientemente de los motivos, hubo negligencias en la actuación policial. De hecho el jefe del Cuerpo de Bomberos, Leonel Silva declaró que el rescate se retrasó, puesto que en la zona se escuchaban disparos. El gobierno ha cesado a las autoridades del penal mientras realiza las investigaciones.
Pero los familiares aseguran que ya tienen en marcha una demanda al estado. “Es una rabia, una impotencia, tengo resentimiento contra las autoridades, porque aquí no se aplican las leyes. Investigan, hacen comisiones pero nada se hace realmente. Pero no hay voluntad de cambiar esto. Queremos justicia”, subraya Rubén Antonio Tabora, uno de los dolientes instigadores de la demanda.
En la cárcel de Comayagua había 852 presos, pese a tener capacidad para 350. La ministra de Derechos Humanos y Justicia, Ana Pineda, asumió el incumplimiento de deberes y apuesta por “una solución amistosa para acortar ese tránsito de llegar a una condena que irreversiblemente se va a dar”.