El miércoles pasado la secretaría de Hacienda anunció una nueva mega emisión de deuda a cargo del gobierno federal, ésta vez por 25 mil millones de pesos. Por el boletín que emitió la secretaría sabemos que la colocación de estos bonos en los mercados locales de deuda fue exitosa por la demanda que generó (1.8 veces el monto convocado), por la modalidad con la que se colocó esta deuda (subasta sindicada), por el plazo al que se colocó (10 años) y por un costo competitivo para la tesorería del gobierno federal tomando en cuenta la volatilidad actual de los mercados financieros (6.30% de rendimiento para los inversionistas). La misma información oficial nos dice que esta mega emisión de deuda fue adquirida en 80% por inversionistas financieros nacionales (principalmente afores, bancos y casas de bolsa) y el 20% restante la adquirieron inversionistas financieros del exterior.

 

En pocas palabras, una colocación de deuda interna del gobierno federal exitosa desde la perspectiva de los mercados de deuda y de la política financiera que ha seguido el gobierno federal desde hace una década, tal y como lo subrayan los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que presenta trimestralmente la Secretaría de Hacienda.

 

Bajo estos criterios el saldo de la deuda externa neta del gobierno federal –aquél pasivo que en los años ochenta desestabilizó la economía nacional provocando una crisis de grandes dimensiones- pasó de representar 44.7% del total de la deuda neta del gobierno federal en 2000, a 21.1% en 2011. La deuda externa representa ahora 5.6% del PIB cuando en 2000 era de 7.3% del PIB nacional, lo que confirma que la deuda externa no es, por ahora, dolor de cabeza.

 

La atención hay que centrarla en el ritmo de crecimiento de la deuda interna. Entre 2000 y 2011 la deuda interna neta del gobierno federal pasó de 9.1% a 20.9% del PIB nacional; un crecimiento feroz. Su saldo es de 3.1 billones de pesos y si se añade la deuda de las empresas del Estado y de la banca de desarrollo, alcanza 3.3 billones de pesos.

 

Esto quiere decir que en la última década el gobierno federal y el sector público en general, se han convertido rápidamente -tendencia que se acentúa a partir de la crisis de 2008- en una aspiradora del ahorro financiero que generan las empresas y los mexicanos. De allí que los recursos disponibles para financiar las iniciativas de las empresas y de los individuos sea escaso, limitando la inversión y el crecimiento potencial de la economía. Allí están las cifras de la CNBV para corroborarlo.

 

Lo peor del asunto es que la tendencia continuará inercialmente si no se revierte deliberadamente. El enorme gasto público que año con año se aprueba en el Congreso ha convertido a la Hacienda pública en esa ‘aspiradora monstruosa’ del ahorro nacional que ‘le roba’ recursos a la economía, para satisfacer ‘sus necesidades particulares’.

 

Por eso los 25 mil millones de pesos colocados en deuda pública el miércoles pasado son exitosos desde la perspectiva financiera, pero no desde la perspectiva de las necesidades del financiamiento que requiere el crecimiento económico de largo plazo del país.

 

El próximo gobierno tiene allí una tarea urgente.

 

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