Baltasar Garzón,  el ex juez de la Audiencia Nacional,  solicitó hoy ante el Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia que lo inhabilita de la carrera judicial, lo que es un requisito previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

 

En un comunicado, la defensa de Garzón indicó que la sentencia viola “de forma muy grave varios de los derechos fundamentales que tiene como todo ciudadano según la Constitución, y su derecho a la independencia judicial, que la misma reconoce y protege”.

 

Garzón fue inhabilitado el pasado 9 de febrero por el Tribunal Supremo, que le juzgó por un caso de prevaricación (dictar una resolución o sentencia a sabiendas de que es injusta) por su actuación del caso de corrupción “Gürtel”.

 

Durante su investigación de esa trama, de empresarios y políticos del Partido Popular (PP), Garzón intervino las comunicaciones de los acusados con sus abogados, quienes le denunciaron al argumentar que esas escuchas solo se pueden autorizar para casos de terrorismo.

 

Para Garzón, la sentencia en su contra “es arbitraria, irrazonable y manifiestamente injusta, y dictada ‘extra legem’, ya que incurre en contradicciones internas insalvables, y está impregnada sustancialmente de un decisionismo puramente subjetivo”.

 

Refirió que el Tribunal partió previamente de un designio incriminador en relación con él, vulnerando la exigencia de imparcialidad subjetiva y objetiva exigible a todo órgano jurisdiccional.

 

Consideró que con ello “se prejuzga la cuestión de la culpabilidad del acusado a la luz de consideraciones ajenas al acto del juicio, ya que de la lectura de la sentencia parece que incluso no se ha celebrado prácticamente juicio alguno o que éste ha sido por completo irrelevante para la sentencia”.

 

Garzón estimó que la sentencia vulnera la independencia judicial, que es en sí misma una garantía institucional fundamental para todos los ciudadanos.

 

El comunicado añadió que por lo general las demandas de nulidad de este tipo son rechazadas, por lo que Garzón presentará “inmediatamente la demanda de amparo constitucional de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, denunciando estas vulneraciones constitucionales”.