Integrantes del Movimiento Indígena Nacional aseguraron que en las comunidades étnicas existen cuadros preparados para ocupar la nueva visitaduría al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esto, al señalar que según datos de la ONU, 3% de la población indígena (estimada en más de 14 millones) tiene acceso a la educación superior.
Esto quiere decir que 420 mil indígenas tienen preparación universitaria, señalaron los representantes de etnias de Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Puebla, la Huasteca Potosina y Guerrero, entre otras, con base en el Informe Sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, elaborado por la ONU.
Quienes tienen un mayor nivel educativo son los indígenas de Cochoapa El Grande, en Guerrero (mixtecos); Carichi, en Chihuahua (tarahumaras); Santiago de Minas, en Oaxaca (mixtecos); y San Lucas, en Chiapas (chamulas), que entre sus filas tienen una serie de activistas formados en al abogacía.
En este sentido, el Movimiento demandó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consultar con los distintos pueblos la terna de donde saldrá el nuevo visitador indígena, responsable de atender los casos de violaciones a sus garantías individuales.
El objetivo es que ocupe el cargo una persona plenamente identificada con el indigenismo y que además conozca las necesidades de este sector de la población en materia de justicia. En promedio, la CNDH recibe siete quejas por día relacionadas con violaciones a los derechos de este grupo vulnerable.
La Cámara de Diputados avaló la semana pasada la creación de una visitaduría especial indígena para fortalecer la defensa de los derechos humanos, la cual será encabezada, según el dictamen, por un representante de origen étnico que tenga experiencia en la defensa de las garantías individuales. Dentro de su equipo deberá incluir intérpretes y traductores con experiencia.
“Éste era uno de los puntos pendientes en la agenda, el que se haya aprobado la creación de esta visitaduría es una muy buena noticia para nosotros, pero falta la parte más importante que es quién va a ser el visitador y con qué recursos va a contar, porque la mayoría de las violaciones a los derechos indígenas se dan en lugares donde no es fácil el acceso y eso hace que muchos casos no se reporten”, observó Abundio Marcos Prado, integrante del movimiento y ex asesor en materia de asuntos indígenas del gobierno de Michoacán.
Siete quejas diarias ante la CNDH
En 2011, la CNDH recibió más de dos mil quejas de indígenas por diversas violaciones a sus derechos humanos, lo que representa un promedio de siete denuncias diarias.
Según Información de la comisión, a finales de 2011 había en el país ocho mil 634 indígenas presos, tanto del fuero común como del fuero federal, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Guerrero.
Según estimaciones, 60% de los indígenas procesados en el país no tiene un defensor que hable su lengua, lo que dificulta su defensa, por lo cual, los integrantes del Movimiento Indígena Nacional consideran un avance que la nueva visitaduría se prevea la ayuda de personas que hablen los distintos dialectos.
Esta situación golpea principalmente a las mujeres que pertenecen a alguna etnia, quienes en la mayoría de los casos pasan de ser las acusadoras a las acusadas y una vez que son detenidas “injustamente”, solamente a cuatro de cada seis se les permite tener un intérprete.
“Me puedo aventurar a decir que en casi todos los casos la gente está en prisión porque no tiene acceso a un traductor, y están ahí no porque sean culpables sino porque no pueden defenderse. No era lógico que si el país había avanzado en otras cosas, no hubiera avanzado en esto”, dijo Domingo Rodríguez Montiel, actual diputado federal por la zona indígena de Hidalgo.
PARA ILUSTRAR
—- 2 mil quejas de indígenas atendió la CNDH en 2011
—- 94% de los indígenas detenidos piensa que tiene un trato distinto por su origen étnico
—- Los motivos: negación de servicios educativos y de salud, detenciones arbitrarias, omisiones o negligencias en atención médica y desigualdad de género
FUENTE: Conapred y CNDH