El economista Santiago Levy ha planteado reformas de gran calado a la política social del país, especialmente a los sistemas de seguridad social, reformas que, para darles viabilidad financiera, requieren, necesariamente, de una reforma a fondo de la política fiscal.
El planteamiento de Levy es un ‘paquete’ de decisiones de políticas públicas que, de implementarse, transformarían de raíz la política social y tributaria, para lo que requerirían de un fuerte respaldo político en el Congreso. No tengo duda que es la propuesta económica más relevante que se ha presentado en los últimos años en México y que, por su seriedad analítica, trascendencia y urgencia, los candidatos presidenciales deben obligarse a analizarla y asumir una postura frente a ella.
En síntesis lo que propone Levy es dotar a todos los mexicanos de seguridad social de manera sustentable.
El propio Santiago Levy lo planteó así en un simposio de la Academia Nacional de Medicina de México: “No hemos logrado una tasa de crecimiento del PIB alta y vigorosa que aumente los salarios reales y que dé a los trabajadores empleos formales con cobertura de seguridad social. (…) necesitamos un cambio drástico en los incentivos que damos a las empresas y a los trabajadores a favor de la formalidad y de la productividad para poder enfrentar ese problema. (…) La política social –y, destacadamente, la política de la salud–, desafortunadamente, opera en la dirección opuesta, al fomentar la informalidad, gravar los empleos de alta productividad y subsidiar los empleos de baja productividad, con altos costos para el país. (…) Nuestra política social, no solamente la política de salud, ni siquiera cumple con los objetivos de proteger eficazmente a los trabajadores contra riesgos porque la protección que ofrece es errática y contradictoria. (Propongo) una reforma que dé a todos los trabajadores –la palabra ‘todos’ es importante– los mismos derechos sociales o, dicho de otra forma, la universalización de la seguridad social. Voy a abogar que esta reforma, además de generar obvios beneficios sociales, simultáneamente aumentaría el crecimiento del producto, la productividad y los salarios reales, y ampliaría la base fiscal, dándonos más recursos para enfrentar los propios retos sociales que tenemos a futuro”.
Sobre esto último en un estudio reciente (The End of Informality in Mexico? Fiscal Reform for Universal Social Insurance, enero, 2012) elaborado con Arturo Antón y Fausto Hernández, propone una reforma tributaria que le de sustentabilidad a la seguridad social universal a partir de impuestos al consumo en lugar de impuestos al trabajo. “Mostramos que estableciendo un impuesto al valor agregado uniforme de 16% es posible proporcionar a todos los trabajadores los mismos beneficios de salud y pensiones”, dice el estudio, y agrega: “Nuestra propuesta: (i) Efectivamente protege a todos los trabajadores contra los riesgos, (ii) Reduce las distorsiones en el mercado laboral derivadas de los impuestos y subsidios permitiendo aumentos en el salario real a pesar de la mayor tasa de IVA, (iii) Aumenta la productividad (iv) Contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad en los ingresos, (iv) Garantiza la sustentabilidad fiscal, (v) Aumenta el ahorro total para la jubilación, y (vi) Reduce la evasión y amplía la base impositiva.
Una propuesta que vale la pena discutir.
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