El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, hizo hoy una cerrada defensa de las reformas que está aprobando, entre ellas la del mercado laboral, porque las considera “justas y equitativas”.
El dirigente conservador defendió estas reformas ante la crisis económica que atraviesa España porque cree que abdicaría de su responsabilidad si no las pusiera en marcha.
En un acto celebrado en Oviedo para presentar a la candidata del gobernante Partido Popular (PP) para las elecciones regionales de Asturias (norte) del próximo 25 de marzo, Rajoy consideró plenamente válido el objetivo con el que concurrió a las elecciones del 20 de noviembre, en las que ganó por mayoría absoluta.
Estos fines eran lograr el crecimiento económico y crear empleo, y por ello aseguró hoy que va a seguir adoptando decisiones que son un instrumento para llegar a esa meta.
“Esa va a seguir siendo nuestra guía”, garantizó antes de recordar que la creación de empleo aumenta el número de contribuyentes y, por tanto, ese dinero revierte en ámbitos como el de la sanidad o la educación públicas y el de las pensiones.
Rajoy volvió a reconocer que todas las reformas que se están aprobando no van a surtir efecto “en media hora”, pero sí van a fijar unos cimientos sólidos para la recuperación.
En su repaso a las reformas aprobadas se detuvo en la del mercado laboral un día después de que el Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición en España, advirtiese de que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional si no se modifica.
Rajoy dijo hoy que la mantendrá porque la considera necesaria.
El pasado 10 de febrero el Gobierno español aprobó una reforma laboral con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y atajar el galopante desempleo, que alcanza ya al 23 % de la población activa.
La reforma también quiere lograr la contratación de jóvenes menores de 25 años, ya que, como recordó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “uno de cada dos jóvenes que quieren trabajar no puede”, en alusión a la tasa de desempleo juvenil del 48 %.
Para reducir el desempleo, el Ejecutivo conservador abarató los despidos, al reducir la indemnización para trabajadores fijos que sean despedidos de forma improcedente desde los actuales 45 días por año trabajado a sólo 33, con un máximo de 24 mensualidades, en lugar de las 42 de ahora.
La mayor preocupación de los sindicatos y la oposición es que se generaliza la indemnización de 20 días por año trabajado para el despido objetivo, de manera que la disminución persistente de ingresos “durante tres trimestres consecutivos” será motivo suficiente para recurrir al despido.
El pasado 19 de febrero convocados por los principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, miles de ciudadanos españoles salieron a las calles de todo el país para protestar contra la reforma laboral. EFE