La propuesta de realizar 12 debates entre candidatos a la Presidencia, planteada por Andrés Manuel López Obrador, será rechazada de acuerdo con el proyecto de acuerdo que será discutida por los consejeros del Instituto Federal Electoral.
El acuerdo señala que es improcedente la solicitud presentada por López Obrado para canjear los tiempos en radio y televisión a que tienen derecho los partidos políticos y coaliciones por 12 debates entre candidatos a la Presidencia.
El considerando 20 del acuerdo indica que el artículo 41, base III de la Constitución mexicana precisa que los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social.
Por ello, el IFE subraya que no cuenta con atribuciones para dejar de aplicar las normas relacionadas con el acceso y distribución de los tiempos en radio y televisión, aun cuando haya acuerdo unánime entre los partidos políticos.
Así, el Instituto sólo realizará dos debates como lo establece el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: “el primer debate tendrá lugar en la primera semana de mayo, y el segundo a más tardar en la segunda semana de junio del año de la elección; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General”.
El acuerdo sostiene que la propuesta de ampliar el número de debates resultaría “en una extralimitación de las facultades con que cuenta la autoridad electoral, arrogándose atribuciones que no le corresponden”.
Sin embargo, el documento señala que los razonamientos señalados no implican que la autoridad no participe en la organización de más debates pero éstos no serían obligatorios.
El 18 de enero de este año el IFE recibió una propuesta de Andrés Manuel López Obrador para celebrar 12 debates de carácter temático entre los candidatos presidenciales durante el período de campaña.
El 23 de enero el secretario ejecutivo respondió en sentido negativo a la solicitud, lo que motivó al tabasqueño a acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a presentar una demanda contra la respuesta.
El 16 de febrero, Sala Superior del Tribunal resolvió que el secretario ejecutivo se extralimitaba en sus funciones y tendría que ser el Consejo General del IFE quien diera respuesta.