MADRID. La Comisión de Propiedad Intelectual, que se ocupa a partir de ayer en España de la lucha antipiratería, recibió en su primer día de funcionamiento las primeras demandas de aquellos autores que ven cómo sus obras son utilizadas sin autorización en internet.

 

 

No obstante, las primeras 200 demandas contra otras tantas páginas de internet que llegaron ante la citada comisión fueron registradas por un mismo autor que, con esta iniciativa, quiso expresar su protesta contra este órgano y hacer ver la imposibilidad de “poner puertas al campo”.

 

 

Además, hubo otras solicitudes por vía telemática, que podrían suponer que las páginas denunciadas vean interrumpido su servicio durante un año.

 

 

Las 200 webs contra las que se dirigen las firmadas por Eme Navarro -la identidad del músico que ha “estrenado” este procedimiento en el registro de la Secretaría de Estado de Cultura- se “autoinculparon” cuando se aprobó el Reglamento que regula la comisión e incorporaron una canción de este artista que está protegida por derechos de autor en sus páginas.

 

 

Cuando un titular de derechos de propiedad intelectual considere que un sitio de internet utiliza sus obras sin permiso podrá acudir a la Comisión para pedir que se inicie un procedimiento, que se prolongará entre 20 días y tres meses.

 

 

Los autores pueden denunciar también a sitios de enlaces, que ya no podrán alegar desconocimiento de los hechos presuntamente ilícitos que cometan las páginas con las que conectan.

 

 

En el proceso, los jueces intervienen en dos momentos: uno, si el denunciante no puede identificar al responsable de la presunta infracción, y dos, para autorizar la retirada de contenidos ilícitos o la interrupción de la prestación del servicio.

 

 

La entrada en vigor de la Comisión de Propiedad Intelectual es un “ingrediente importante” en la lucha contra la piratería, pero no suficiente para resolver los problemas de la industria cinematográfica, dijo el ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, José Ignacio Wert.

 

 

La asociación de consumidores FACUA señaló que con esta medida el Gobierno pretende instaurar la “censura” en internet y “el estado policial del copyright”.

 

 

Por su parte, la Asociación de Internautas, el control judicial es escaso y por ello recurrieron ante el Tribunal Supremo el Reglamento que regula la Comisión por entender que la norma atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas por ley a los jueces.

 

 

Para el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, el sistema de intervención judicial previsto es correcto y está ajustado a la normativa europea de protección del derecho de propiedad intelectual y los de los usuarios de internet. EFE