Unas 6 mil llamadas de extorsión y amenazas se registran diariamente en el país, provenientes de los 429 reclusorios; por ello, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que busca erradicarlas, ya que las realizan bandas de criminales que utilizan teléfonos celulares robados.
La reforma aprobada por 315 a favor, seis en contra y siete abstenciones en la sesión ordinaria en San Lázaro, busca obligar a las empresas de telefonía celular a dar de baja los teléfonos móviles reportados como robados o extraviados, así como ubicar desde dónde se están realizando llamadas con fines de delincuencia.
Arturo Zamora Jiménez, legislador del PRI, expuso que esta reforma dota de un sistema eficaz al gobierno federal y a los gobiernos estatales para que utilicen la tecnología y así inhibir las miles de llamadas que son de extorsión, amenazas de secuestro o amago, los delitos que se derivan de este modo operandi y que se originan en los penales y reclusorios.
En tribuna, expuso que además se busca erradicar la comunicación hacia el exterior de los internos con fines extorsivos, y se eliminará la comunicación interna entre bandas de delincuentes que organizan esquemas de violencia generalizada, que en ocasiones derivan en motines y fugas.
“Se plantea que los permisionarios y concesionarios estarán obligados a llevar esquemas de localización geo referencial de los lugares desde donde salen las llamadas de amenazas y por otra parte, esta reforma no viola ninguna disposición constitucional”, apuntó Zamora Jiménez.
En tribuna el legislador por Jalisco, aprovechó para responder a las organizaciones civiles que aseguran que la delincuencia organizada va creciendo debido a que no hay leyes en materia de seguridad pública.
Con esta disposición, los legisladores dieron respuesta en tiempo y en forma con una serie de modificaciones a varias leyes que están pendientes.
En tanto, el legislador Humberto Benítez Treviño destacó la importancia de esta reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, las leyes Federal de Telecomunicaciones; la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; y la General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se lleve a cabo la obligatoriedad de las empresas telefónicas de colaborar con las autoridades y en tiempo real ubicar y bloquear las llamadas que se realizan desde celulares reportados como robados o extraviados.
La reforma, turnada al Ejecutivo Federal, establece la obligación de todos los Centros de Readaptación Social para colocar aparatos y dispositivos que bloquen las señales de telefonía celular desde adentro y en el perímetro de los mismos, ello para frenar las bandas de extorsionadores en el país.
También obliga a los concesionarios de las empresas de telefonía móvil para establecer dispositivos en los aparatos que ofertan al público que tengan mecanismos, para realizar llamadas de emergencia a las autoridades correspondientes en caso de estar recibiendo una llamada de extorsión, amenaza o secuestro.
Los alcances
Con esta reforma, la PGR cuenta con la facultad de solicitar mediante un oficio o medios electrónicos la ubicación geográfica del equipo desde donde se realiza el delito en tiempo real.
De negarse a cumplir con las disposiciones establecidas en la ley, los concesionarios de telefonía celular se hacen acreedores a multas de 200 a 2 mil 500 salarios mínimos y de uno a cinco años de prisión, si de manera dolosa se nieguen a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que estén relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.