Los acontecimientos políticos que se han presentando en los últimos días hacen pensar que el proceso electoral 2012 será más que el mecanismo de alternancia de nuestros representantes políticos y constituirá el acontecimiento que finalmente posibilite la transformación del sistema político en su conjunto. Una reciente estrategia por impulsar candidaturas independientes a las diputaciones federales de mayoría será el catalizador de dicho cambio, si no por la vía jurídica, sí por sus alcances políticos.
Durante el noticiario de la periodista Carmen Aristegui el recién ungido precandidato a la Presidencia, Gabriel Quadri de la Torre, declaró con toda claridad que nunca antes había sido un político, que no le gustan los políticos, al igual que a la mayoría de la población, y que el Partido Nueva Alianza (Panal) le ofrecía una oportunidad para, de manera independiente, promover una agenda liberal en la contienda. Enfatizó además que la dirigencia del Partido del Sindicato Nacional de Maestros le había garantizado no incidir en sus actos y dichos.
Hacia finales de enero el otrora influyente Panal entró en crisis cuando el PRI decidió romper la coalición electoral que habían anunciado meses atrás. No menos sorprendente resultó que dicha fuerza política optara por un candidato que se declara independiente del mismo.
Si Quadri continúa por el camino que anunció seguramente conquistará algunos votos indecisos, o hasta robará votos a las fuerzas ya constituidas. Si efectivamente logra manejarse con independencia en sus actos y declaraciones estará en el mejor mundo posible para hablarle a un electorado ávido de escuchar verdaderas propuestas, soluciones, alternativas, y no sólo repeticiones vacías de los candidatos que harán todo y lo harán mejor.
En otras palabras, el relativo éxito del candidato del Panal será presentarse como un ciudadano libre de ataduras e intereses, con un discurso fresco. El resultado final es difícil de pronosticar por ser, paradójicamente, el candidato del partido corporativista y clientelar por excelencia.
Esta situación, al margen de lo que significa para el partido de los maestros, vuelve a subrayar la importancia de los candidatos independientes, de las banderas políticas libres de compromisos y acuerdos cupulares que acaban convirtiéndose en la mejor representación posible.
Todo parecía indicar que durante este año no se tocaría más el tema. Aún cuando las fuerzas políticas del Congreso coincidieron de manera unánime en la necesidad de establecer este tipo de candidaturas en el proyecto de reforma político-constitucional, la vigencia de las mismas quedaba relegada hasta las elecciones federales de 2015.
Pero como la vida está plagada de sorpresas y más aún en época de elecciones, el tema ha regresado con fuerza inusitada y hasta como un problema para los candidatos tradicionales. Este retorno se debe no sólo al discurso que pretende Quadri como el candidato presidencial que se libera del partido que lo abriga, sino a un grupo de jóvenes que intentará, por la vía jurídica, obtener 300 diputaciones ciudadanas por el principio de mayoría.
Esta posibilidad se gesta bajo la coordinación de un prominente abogado fiscalista y consultor, Luis Pérez de Acha. Con el argumento de que dichas candidaturas independientes, a nivel federal, no están prohibidas en la Constitución (en contraste con la prohibición expresa para las entidades), existe la posibilidad de buscar su canalización jurídica. Esta estrategia se basa en una facultad novedosa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecida en la reforma electoral de 2007, derivada a su vez de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia a raíz del caso Castañeda (dada a conocer hasta septiembre de 2008). A partir de dicha reforma, el Tribunal Electoral tiene la facultad de desaplicar normas que se consideren contrarias a la Constitución de acuerdo a su artículo 99. El abogado Pérez de Acha pretende impugnar la negativa de registro que las 300 candidaturas independientes recibirán con toda seguridad del IFE mediante la figura del Juicio de Protección de Derechos Políticos. En su estimación, el Tribunal se verá obligado a garantizar el derecho al voto pasivo consagrado en la Constitución.
No obstante lo esperanzador del tema, se trata de una estrategia con pocas posibilidades, pues ni las Salas Regionales, ni la Sala Superior del Tribunal Electoral podrían resolver en el sentido que este grupo y gran parte de la sociedad desearían. Si una eventual resolución del Tribunal a estos juicios les diera la razón y ordenara los 300 registros independientes, se estaría abriendo la puerta a una elección muy inequitativa. Por lo avanzado del proceso electoral, así como por la falta de regulación específica, los candidatos sin partido no tendrían recursos públicos o prerrogativas en radio y televisión, en contraste con los candidatos provenientes de partidos políticos (el ciudadano Quadri incluido). La autoridad electoral no podría inventar una regulación inexistente ante la falta de ley. Esta inequidad, una vez denunciada, conduciría al propio Tribunal a la posibilidad de anular una parte o toda la elección en su conjunto de acuerdo con lo que establece la ley. En pocas palabras, suena difícil que la Sala Superior del Tribunal Electoral abra la puerta para un proceso que terminaría con la elección misma.
Pero aún este escenario es atractivo para los promotores de la idea, pues como sucedió con el movimiento del voto nulo en 2009, se trataría de una movilización con efectos políticos importantes para lograr cambios de gran alcance tanto en nuestras leyes como en nuestra vida política.
Abogado, internacionalista y politólogo especialista en temas de justicia y democracia. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de derecho constitucional. Director y fundador de la Revista “Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia (IIJ)”.
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