Ya pronto hallará nuestro gobierno, nuestro bien amado y respetado gobierno, consuelo de los males mundanos y las penas de la política, pues se anuncian con detalle los pasos del heredero de Pedro por los píos territorios abajeños, con todo y su esperada repercusión electoral en estos tiempos heréticos donde un hijo desobediente, Manuel Clouthier, rechaza la búsqueda nacional de padre, madre o virgen sustituta y lleva su pendencia con el Señor Presidente hasta el lanzamiento de su candidatura presidencial ciudadana. Un mito, pues.

 

Pero mientras las trompetas vaticanas nos anuncian la llegada del Papa Ratzinger cuya sequedad y helado estilo contrastan con el huracán apasionado de su antecesor a quien todo mundo miraba devoto o al menos con admiración política, el ministro Arturo Zaldívar sacude las columnas del templo de la justicia y, en su maniobra, amenaza la estabilidad y el prestigio del sistema pero sobre todo exhibe con vehemente crudeza las artes escénicas del protagonista sexenal de la seguridad pública, Genaro García Luna, a quien el presidente Felipe Calderón respalda en una memorable pieza oratoria cuyo análisis resulta inevitable.

 

Como todos sabemos, el viernes pasado fueron inauguradas nuevas instalaciones para el área científica de la Policía Federal. Si Vicente Fox nos prometió con la extinta Agencia Federal de Investigaciones el acceso a una policía mexicana con la calidad (¿?) del FBI de los Estados Unidos, ahora este centro nos ofrece algo parecido a CSI (Crime Scene Investigation, la serie de TV creada por Anthony E. Zuiker)

 

“… Quienes están familiarizados con el tema de la investigación policial, saben (explicó el Señor Presidente) que la escena de un crimen, por ejemplo, es como un rompecabezas, en el que no sólo hay que encontrar todos los elementos que lo conforman, sino tener la capacidad de descifrar cada uno de esos elementos y darles su verdadero valor.

 

“Hay muchas series de televisión, películas, que hablan como si fuera un aspecto mágico la investigación policial alrededor de los delitos, y lo que sí es, efectivamente, es una investigación fundamentalmente científica, que requiere precisión de ciencia para ser eficaz. Eso es lo que buscamos aquí”.

 

Quién sabe cómo expliquen los autores de las intervenciones presidenciales este pequeño desliz. Invocar las películas y series de televisión para recalcar la calidad de la División Científica de la Policía Federal (dirigida por Maribel Cervantes Guerrero) precisamente cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia monta todo un alegato sobre las violaciones constitucionales de una detenida precisamente en la emulación de las series de TV, no parece ser la más oportuna de las comparaciones.

 

Pero también se corre un riesgo cuando se le apuesta todo, hasta el futuro, a esta cuestionada forma de hacer las cosas:

 

“…La Policía Federal y su División Científica son parte del legado que dejaremos a los mexicanos, un legado compuesto por instituciones de seguridad y justicia más fuertes, más eficaces y confiables…”

 

Sin embargo el alegato jurídico del ministro Zaldívar Lelo de Larrea, cuyo personaje central es precisamente el actual conductor de los esfuerzos de renovación policial, pone en duda la calidad de la esta herencia. El proyecto del amparo dice claramente en torno de la manipulación de personas y escenas del crimen en el célebre Caso Cassez:

 

“…No son las horas ni los minutos los elementos que debemos tomar en cuenta a fin de tener por consumada la violación, sino la justificación o motivos por los que una autoridad retiene a un detenido.

 

“En nuestro caso no es una actuación loable de la policía –como lo sería la protección de las víctimas–, ni siquiera una situación accidental –como lo sería el intenso tráfico de la Ciudad de México–, sino la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación.

 

“Asimismo, es imposible sostener, como lo hace el Tribunal Colegiado de Circuito, que esta violación resulta irrelevante en la determinación de la responsabilidad de la recurrente, ya que como explicaremos más adelante, resulta el detonante de una serie de violaciones de derechos fundamentales que se extienden en el tiempo y afectan, de forma total y compleja, al curso del procedimiento” (las negritas son originales).

 

En las actuales condiciones ese legado se puede adir (es decir, aceptar) o repudiar (rechazar). Cada quien escogerá lo suyo.

 

Los hechos descritos en el documento sobre el cual se pronunciará la primera Sala y en un caso extremo el pleno, ya han sido torpedeados desde ahora. La auto defensa de Genaro García Luna en esa misma ceremonia, no deja dudas del calibre de los mensajes hacia la Corte.

 

Los son cruciales, la prioridad siempre es proteger la vida de las víctimas. Reitero mi convicción y compromiso permanente a favor de las víctimas de secuestro, a favor de las víctimas de la delincuencia. En una política de Estado, el bien superior es la Nación, la sociedad, las familias, por encima de intereses particulares o de grupo”.

 

No sabemos si en esta definición del secretario de Seguridad Pública la Corte venga a ser representante de “intereses particulares o de grupo”; pero la alusión a las víctimas del secuestro es absolutamente clara. En ese mismo concepto montó la procuradora Marisela Morales la defensa institucional cuando se conoció el proyecto del caso.

 

Pero quienes así exponen sus argumentos (incluidos los redactores de mensajes de la PGR) incurren en una obvia contradicción, la adviertan o no. Si la irrenunciable obligación es proteger a las víctimas del delito, no es posible crear en el camino nuevas víctimas a través de investigaciones manoseadas y producciones mediáticas de autopromoción.

 

A fin de cuentas, el delito cometido por los criminales es un asunto del Código Peal mientras las violaciones a los Derechos Humanos (únicamente por parte de la autoridad) son materia de atropello constitucional.

 

Pero si este caso escuece, vale la pena sacar del archivo este dato. Es del 13 de agosto del 2009:

 

“En una sesión histórica de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por primera vez desde la reforma al sistema de justicia penal de 2005 se erigió como tribunal de legalidad y no sólo de constitucionalidad –al revisar todos los detalles y pruebas de un proceso–, cuatro ministros ampararon ayer a 26 indígenas chiapanecos y ordenaron la libertad inmediata de 20 de ellos que fueron sentenciados por la matanza de 45 tzotziles en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997”.

 

Obviamente la primera coincidencia de este asunto con el Caso Florence es la ubicación del procedimiento, la Primera Sala de la SCJN.

 

Recordemos este alegato del ministro José Ramón Cossío quien también intervendrá en el caso presente:

 

“No puede entenderse que este tribunal está absolviendo culpables. La sala únicamente está negando valor a actuaciones contrarias al orden constitucional, pues de las constancias que obran en la causa penal no es posible afirmar que jurídicamente haya culpables… aquí sólo se está determinando que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale en absoluto a un pronunciamiento sobre si, de facto, son o no inocentes”.

 

 

A la hora del emocionado discurso presidencial en cuyas líneas se incluyó la afortunada estadística de cuántos de los más peligrosos capos de las mafias y carteles han sido ya capturados (“…se han atrapado o han muerto resistiéndose a la aprehensión 22 de los 37 criminales más buscados del país, y una innumerable lista de líderes regionales, además del abatimiento de las estructuras organizativas de estas organizaciones”), no se producía todavía la identificación de Erick Valencia Salazar cuya aprehensión originó los motines callejeros de Guadalajara, Zapopan y el resto de la zona metropolitana.

 

En estas condiciones el éxito de la Defensa Nacional tras meses de investigación y cuyo punto culminante fue la caída de El 85 y su segundo, Otoniel Mendoza, se vio ensombrecido por la violencia desatada cuya explosividad, junto con la de los días previos en Coahuila y Michoacán, vuelve a presentar ante los ojos del mundo un país en llamas.

 

Doce bloqueos en carreteras vecinas; autos incendiados, escenas como de Beirut o Bagdad en días de guerra.