El subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Cuitláhuac Salinas Martínez, declaró ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe precisar si a partir de dar a conocer el proyecto de resolución del caso de la francesa Florence Cassez, los jueces y magistrados harán públicas sus resoluciones antes de darse a conocer oficialmente.
Durante la sesión de preguntas y respuestas de la rueda de prensa convocada por la SIEDO, se preguntó al funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) si a partir del proyecto del ministro Arturo Zaldívar que plantea la libertad inmediata de Cassez, la dependencia para la que trabaja cambiaría sus procedimientos para procesar a los detenidos.
Salinas Martínez reviró el planteamiento y dijo que habrá que preguntarle a la Corte si luego de que el ministro Zaldívar hizo público su proyecto de sentencia a través de un “boletín”, esta será la constante.
“Habrá que preguntarle a la Corte si a partir de ahora los jueces y magistrados van a hacer públicas sus resoluciones, antes de darlo a conocer oficialmente”, dijo.
El titular de la SIEDO dijo que la PGR es muy respetuosa de las opiniones que se expresen a través de cualquier medio, más en el caso del ministro, pero señaló que sólo se trata de un proyecto que no constituye ninguna sentencia.
“Como lo hizo patente el boletín, no tiene ningún valor jurídico”, reiteró Salinas Martínez.
Explicó que sólo se trata de una resolución que “ni siquiera corresponde a la opinión jurídica de todos los integrantes de la Primera Sala (de la Corte)”.
Agregó que el proyecto de resolución del ministro Zaldívar ni siquiera constituye un precedente que obligue a ninguna autoridad a hablar de ninguna forma.
Recordó que la PGR esperará el resultado de la votación de ese proyecto que se presentará ante los cinco integrantes de la Primera Sala el próximo miércoles 21 de marzo.
Como se recordará, el miércoles pasado, la SCJN difundió una tarjeta informativa, en la cual se extractaba el proyecto de sentencia sobre el caso de Florence Cassez, acusada de secuestro y condenada a 60 años de prisión.
En la opinión de Zaldívar, presidente de la Primera Sala, Cassez debe ser liberada de forma absoluta e inmediata, ya que se violentaron sus derechos a la asistencia consular, a la presunción de inocencia, y no se le puso a disposición del ministerio público federal de forma inmediata.