El debate que ha suscitado el dictamen sobre el amparo interpuesto por Florence Cassez ante la Suprema Corte de Justicia ha revelado lo lejos que estamos de poder formar una cultura de la legalidad en el país. Esta discusión es un reflejo de los valores cívicos que existen en la sociedad; para nosotros es más importante que se cumpla con los objetivos sin importar el costo que estos tengan para la sociedad.

 

Lo han centrado de manera errónea sobre el derecho de las víctimas a tener una reparación del daño causado por un delincuente. Sin embargo, el debate es otro. Lo que deberíamos de discutir como sociedad es qué tipo de procuración de justicia es a la que aspiramos y cuáles son las obligaciones de los servidores públicos a la hora de ejercer la fuerza pública.

 

Florence Cassez estuvo detenida por las autoridades sin ser consignada durante 72 horas, en las cuales fue interrogada y forzada a realizar actos en contra de su voluntad, sin ningún consejero jurídico presente. Si el Estado mexicano no reconoce que esto está mal, sentaría un precedente negativo sobre el respeto a los derechos humanos en el país y premiaría a los elementos que los violan de manera sistemática.

 

Hoy, en la mal llamada “lucha contra el narcotráfico” vemos cómo la violación a los derechos humanos cada día va en aumento y cómo los criminales siguen acumulando ganancias y traficando drogas a lo largo y ancho del país. El usar más fuerza o violar los derechos humanos de los presuntos delincuentes sólo refleja la falta de capacidad de la policía y/o fuerza pública.

 

Por eso es preocupante que el titular de la SIEDO, José Cuitláhuac Salinas, haga pronunciamientos en contra de la Suprema Corte, ya que esto indicaría que es una práctica común en su área. Además, el licenciado Salinas argumenta que ya hubo tres sentencias condenatorias contra este amparo; lo que parece olvidar el titular de la SIEDO es que este no es un partido de fútbol, ya que la Suprema Corte es la que tiene la última palabra, por eso existe.

 

Ni la Suprema Corte, ni el ministro Arturo Zaldívar, son responsables de la reparación del daño a las víctimas del secuestro. Los responsables son los funcionarios públicos que toleraron que hubiera un delincuente detenido sin ser consignado. Aquí, la responsabilidad podría ser primordialmente del ex titular de la AFI, el ingeniero Genaro García Luna. Sin embargo, hay que recordar que en aquel entonces, la AFI siempre actuaba debajo de las órdenes de un MP o del procurador y alguno de ellos debió estar al tanto de la detención de tres días de Florence Cassez. Por complicidad, omisión o falta de supervisión del procurador Daniel Cabeza de Vaca, las víctimas están en un estado de incertidumbre, no por culpa de la Suprema Corte.

 

Si la policía o la fuerza pública no actúan dentro del marco de la ley, los que sufren son la sociedad y las víctimas. Si tenemos un Estado que viole las garantías individuales y los derechos humanos, en “casos de excepción”, entonces borramos la línea divisoria entre la policía y la delincuencia. Si respaldamos la postura de funcionarios como el licenciado Salinas, como sociedad estamos aprobando la actuación de funcionarios que violan la ley. Esta sentencia no sólo atañe a las víctimas, sino a todos los ciudadanos que desean vivir en un país donde se respeten las leyes.

 

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