El ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, puso los reflectores sobre nuestra capacidad, como país, de respetar y vivir un real estado de derecho, que mucho se pregona, pero poco se aplica.
La fabricación de culpables, como la corrupción, parece ser un mal endémico que padecemos desde tiempos coloniales, pero que se enraizó con más fuerza desde la Revolución. El “primero fusilamos, y después viriguamos”, atribuido a Francisco Villa, no era una metáfora.
Vivimos ya en el siglo XXI, tiempos, uno supondría, más civilizados. Pero lo cierto es que cuando, no sólo el aparato de procuración de justicia, sino la opinión pública en general enfrenta un caso como el de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, ya no es tan rotunda la voluntad de aplicar, sin excepción ni cortapisa, el estado de derecho.
En las redes sociales se detecta indignación ante la posibilidad de que el proyecto de sentencia del ministro Saldívar le conceda la libertad a la francesa. De hecho, en el documento ni siquiera se menciona la culpabilidad o inocencia de Cassez. El argumento se basa en lo que, con desdén, llaman “tecnicismos jurídicos”.
Estudiando el expediente a fondo, la ausencia del debido proceso no sólo es clara, sino hasta escandalosa. Pero la percepción, probablemente correcta de la culpabilidad de Cassez, hace repugnante que, después de sentenciada y de purgar siete años de cárcel, de un plumazo quede exonerada y libre. Si esto ocurre, veremos una campaña de linchamiento voraz contra el ministro Saldívar.
No es la primera vez que ocurre algo así. Ángel Rodríguez El Divino, Carlos Cabal Peniche y Óscar Espinosa Villarreal, entre otros, pasaron largos meses en prisiones del extranjero antes de ser extraditados. Pero al llegar a México, libraron alegremente todos los cargos, que eran docenas, entre fraudes, abuso de autoridad y otros. El Divino y Cabal siguen gozando sus fortunas, y están jurídicamente limpios de toda culpa. En su momento, todos estos casos indignaron, y con razón, a la opinión pública.
Las razones de estas aberraciones jurídicas no son los jueces. Las policías, los procuradores y los ministerios públicos no están acostumbrados a respetar el debido proceso porque nunca hay consecuencias; éstas sólo se presentan cuando el inculpado es famoso, rico, o ambos.
Cómo pedir que se respete el debido proceso con todos los acusados, si el policía número uno del país, Genaro García Luna, lo pisotea sin el menor recato, haciendo montajes, cambiando testimonios, y en fin, acomodando las pruebas para que se ajusten a su teoría del caso. Por ello, la sentencia del ministro Saldívar no podía ir en otro sentido.
Recordando el documental Presunto Culpable, debemos reconocer que en México, todavía, ante la justicia, todos somos iguales. Pero hay unos más iguales que otros.
Y así.
Tuits
@julesProg La Cámara de Diputados conmemora el Día Mundial del Sueño tooooodos los días.
@saldanajorge Los métodos de minas a cielo abierto que Canadá practica en países corruptos, están prohibidos en su territorio……(a toda madre).
@jorgeberry Tristeza? Nostalgia? No sé, pero algo se mueve en mi alma ahora que me entero que se deja de imprimir la Enciclopedia Británica en favor de la versión digital.
@jorgeberry