La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aprobó el proyecto del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso Florence Cassez, por su rigurosa argumentación que expone violaciones a derechos humanos, y su visión garantista del proceso penal.

 

En un comunicado, expuso las ocho razones por las que otorgó su respaldo al proyecto que se discutirá el 21 de marzo en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Citó su rechazo enérgico a la alteración indebida de escenarios donde se cometieron delitos, porque ello provoca que se contamine la validez del proceso.

 

También indicó que en ningún caso se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de las personas; además de que no defiende a delincuentes ni procura o imparte justicia penal, pero sí protege los derechos de todas las personas por igual.

 

“Los derechos de las víctimas y los de las personas presuntas responsables no se oponen de ningún modo”, por lo que respetarlos a través de las reglas del proceso favorece la justicia, pues de lo contrario sólo se alimenta la venganza, agregó.

 

El organismo manifestó que “es obligación de policías, defensores públicos, fiscales y juzgadores, en cada una de sus actuaciones, respetar los derechos humanos tanto de las víctimas como de los procesados”.

 

Por ello, no comparte “la visión de quienes piensan que el debido proceso es un conjunto de tecnicismos o formalidades que pueden dejarse de lado cuando se tiene la ‘certeza’ de que alguien, por el tipo de delito que se le imputa, es de antemano culpable” ya que “favorece el autoritarismo por encima del garantismo”.

 

La CDHDF manifiestó que está a favor de una reforma de fondo en el sistema de justicia penal en México, lo cual ha quedado demostrado en diversos posicionamientos públicos.

 

En todo momento, sostuvo, se ha dado muestra de su vocación democrática a través de recomendaciones, informes especiales, acciones de inconstitucionalidad, “amicus curie”, cuando las autoridades policiales, ministeriales o judiciales violan derechos procesales.

 

Por ello, subrayó que se pronuncia en pro del proyecto “vanguardista, sólido” del ministro Zaldívar, por su rigurosa argumentación que pone de manifiesto violaciones a derechos humanos que son responsabilidad de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

 

Asimismo, de la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso del propio Poder Judicial de la Federación. “Pero sobre todo, por su visión garantista del proceso penal, plenamente convergente con el respeto a los derechos humanos”. Notimex