El ministro Arturo Zaldívar volvió a convertirse en centro de polémica, tanto por hacer pública una propuesta de sentencia antes de que el asunto fuera conocido este 21 de marzo por el resto de sus compañeros de la Primera Sala, como por el contenido de la misma.
Se trata del proyecto de sentencia para resolver en última instancia el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien purga una pena de 60 años, al haber sido encontrada culpable por el delito de secuestro, portación de armas y delincuencia organizada. El proyecto subraya fallas de la autoridad policial cometidas en agravio de Cassez de tal magnitud que viciaron todo el proceso penal, por lo que éste carece de validez. La consecuencia sería la liberación inmediata de la presunta secuestradora.
El proyecto de Arturo Zaldívar se enfrenta a lo que parecía ya una decisión del Estado mexicano, por las resoluciones de instancias judiciales inferiores pero además por lo que el gobierno federal enarboló enfáticamente como un tema de justicia nacionalista cuando el Presidente francés exigió que se extraditara a la ciudadana francesa.
Se trata de un asunto que trasciende los tecnicismos de un caso penal particular y que impacta las formas en que tradicionalmente la justicia mexicana ha operado. El proyecto no sólo privilegia un auténtico respeto a los derechos fundamentales de todo individuo, sino que apunta a cambios procedimentales necesarios en consonancia con las importantes reformas constitucionales aprobadas en los últimos años. Aún más, plantea la posible consolidación de un tribunal constitucional que endereza los abusos de un sistema político que se niega a evolucionar en la dirección democrática.
En ese sentido esbozo cuatro temas que están plasmados en la osadía del ministro Zaldívar y más allá de Florence Cassez:
1. La impostergable defensa del debido proceso legal.
En el corazón del proyecto de sentencia se encuentra la exposición de violaciones al procedimiento que la Constitución establece como condición obligatoria para poder juzgar a cualquier persona en materia criminal. De acuerdo con Zaldívar, las violaciones por parte de las autoridades encargadas de la detención (la entonces Agencia Federal de Investigación) afectaron de manera total el procedimiento al dejar en estado de indefensión a la inculpada y viciar toda la evidencia incriminatoria. No se trata de encontrar los fragmentos corruptos de un todo, sino de entender que el todo carece de validez por partir de elementos ilícitos.
Hay quienes argumentan que esta forma radical de calificar la actuación de la autoridad deja impune a los criminales y sin defensa a las víctimas. Discurso circular. Todos, inculpados y víctimas, la sociedad en general, quedan expuestos cuando la autoridad actúa y castiga discrecionalmente al margen de la ley y sin consecuencia alguna. Las víctimas están desprotegidas pues la justicia no se colma con el castigo de inocentes (la culpabilidad no se acredita con fabricaciones y pruebas ilícitas). Se trata de una construcción normativa, no discursiva.
Si queremos construir un Estado basado en el respeto irrestricto de los derechos de todos, hay que iniciar con su defensa, incluidos de manera especial los del debido proceso legal en un contexto de altos niveles de inseguridad, corrupción y abuso de la fuerza pública. Es la primera gran protección que el Derecho nos otorga cuando nos enfrentamos al poder del Estado.
2. Respeto al principio de máxima publicidad.
El ministro Zaldívar divulgó, contra la práctica existente, el contenido de su proyecto antes de que la Primera Sala discuta, resuelva o mande al Pleno el asunto.
No hay tradición autoritaria que valga para que se niegue el principio que establece que toda información proveniente del Estado debe ser conocida. Lo que el ministro hizo, seguramente para contrarrestar las presiones de dentro y fuera de la Corte, debería ser la regla en el actuar de los once integrantes del máximo tribunal. Nada justifica que el derecho a la información se maneje de manera selectiva y discrecional por parte del gobierno. Con muy pocas excepciones marcadas por la ley, toda decisión de servidor u órgano público hoy en día debe ser accesible y transparente. Así funciona una democracia.
3. El dilema falso entre dos visones del poder: justicia vs seguridad
A los largo de los últimos años, dos principios, que deben coexistir de manera coordinada y armónica se han enfrentado:
- La justicia que entiende el ejercicio del poder como un servicio a la sociedad a través de la protección de derechos.
- La seguridad que privilegia la capacidad de acción del Estado como medio para establecer el orden a través de facultades policiacas y de control. Esta segunda, encuentra su legitimidad democrática en contextos de amenaza e inseguridad social.
Mientras que el proyecto del ministro encuadra en la primera visión garantista, diversos esfuerzos del Ejecutivo Federal se identifican con la segunda, tal y cómo lo demuestran la Ley Federal de Delincuencia Organizada, las iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, y las iniciativas de reforma a los Códigos Federales Penal y de Procedimientos Penales intentando introducir las llamadas “Cadenas delictivas”.
En un Estado democrático constitucional, ambas visiones se integran. Toda acción en materia de seguridad debe necesariamente estar al servicio del aparato de justicia. De esa manera se diferencia la fuerza del Estado de aquella proveniente de fuerzas ilegales. Las excepciones a la protección de derechos por definición no pueden ser una causa reiterada para fortalecer facultades discrecionales de las autoridades.
4. La consolidación de la Suprema Corte como tribunal constitucional.
El caso pondrá a prueba la madurez de la Corte para demostrar si, cómo lo decretó, inicia una nueva época y hace suyas las revolucionarias reformas constitucionales en materia de justicia penal, derechos humanos y amparo.
De no ser así, independientemente de la oportunidad de escuchar los argumentos de los ministros en desacuerdo con el proyecto Zaldívar, no sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino el Estado mexicano en su conjunto enfrentarán el juicio internacional.
*Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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