El jueves 15 y el viernes 16 pasados los líderes sindicales de los maestros de Oaxaca y de otras entidades del país hicieron prácticamente lo que les vino en gana en las calles de la Ciudad de México, en una muestra más de que las leyes no aplican ante su fuerza política.
Lo han hecho por años en Oaxaca, en Morelia, en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, y lo seguirán haciendo tantas veces como se les incentive a repetirlo sin consecuencia alguna. Al contrario, los sindicalistas regresaron a sus estados triunfantes después de que el ISSSTE les otorgará más créditos sin dar nada a cambio, ni siquiera la posibilidad de que sean evaluados por su desempeño, cuestión normal para cualquier empleado del sector privado.
Los líderes sindicales saben que la extorsión es la mejor vía para obtener de los políticos, locales y federales, lo que quieren; y si es dañando el patrimonio o los derechos de terceros en las calles, mucho mejor, porque eso eleva la presión de su chantaje.
En ese juego perverso, en el que los únicos perdedores son los ciudadanos, las ‘autoridades’ se han convertido en cómplices de estos bandidos. Éstos últimos extorsionan y los primeros ‘pagan’ para obtener apoyos políticos a cambio.
Un ejemplo de esta perversa complicidad es la complaciente opacidad en el manejo de los millonarios recursos públicos destinados a la educación. Para 2012 se aprobó un presupuesto federal de 263 mil 265 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), mismos que se canalizan a las tesorerías de los Estados para, mayoritariamente, pagar los sueldos de los maestros en las entidades federativas. Estos recursos, comprendidos en el ramo 33, se incrementaron 6% respecto a 2011 y los legisladores decidieron, al final, aumentarlos aún más en mil millones de pesos.
El monto es enorme. El gasto educativo en México, si bien aún no es comparable con los países de la OCDE en términos del tamaño de su economía, sí es considerable en términos del gasto público total. México es el país de la OCDE con mayor gasto educativo (22.6%) en relación a su gasto total, lo que muestra el esfuerzo presupuestal en términos educativos. Pero hay otro dato más: Los salarios en la educación primaria en relación con el PIB per cápita es 1.39 veces, frente a una media de 1.2 veces en los países de la OCDE. Entonces, el problema mayor no estriba en el monto de recursos públicos asignados, sino en su manejo.
Allí está el asunto. Cada año la Auditoría Superior de la Federación plantea infructuosamente decenas de observaciones a los gobiernos estatales sobre la falta de transparencia en el destino de los recursos del FAEB. Por años anteriores se calcula que en 2012 poco más de 5% de estos recursos –unos 14 mil millones de pesos- serán usados por los gobiernos estatales como caja chica, sin ningún tipo de control, ni rendición de cuentas. Los ‘señores gobernadores’ hacen y deshacen a su antojo. En varios casos, por ejemplo, han pactado con los líderes magisteriales aguinaldos de 90 días de salario o más sabiendo de antemano que sus quebradas finanzas locales no podrán sustentarlas. Pero, claro, ¡qué importa!
Es ésta perversa complicidad la que ya hace insostenible el financiamiento de los presupuestos estatales y la que ha convertido en rehenes a los ciudadanos.
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