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El proyecto cuya sentencia establece que Florence Cassez –condenada a 60 años de prisión por secuestro- debe ser excarcelada, será debatido en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es considerada como la “liberal” del máximo tribunal.
La Corte está dividida en un ala liberal y otra conservadora, lo cual se ve reflejado en su conformación dentro de las dos salas de ese tribunal; de esta forma, la Primera concentra a los ministros con ideas liberales y la Segunda, a los conservadores.
En la Primera Sala, tres de sus cinco integrantes –entre ellos Arturo Zaldívar, el ministro encargado del proyecto Cassez- se caracterizan por asumir posiciones más progresistas en los debates.
Por esta razón, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz y el presidente, Zaldívar Lelo de Larrea, son considerados los liberales.
La ministro Sánchez Cordero, académica, notaria y magistrada local, ha impuesto un sello en sus proyectos y posiciones ante el pleno, de votar a favor de asuntos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, por lo que ha apoyado sancionar a autoridades en casos como los de Aguas Blancas, Atenco, Lydia Cacho y la Guardería ABC.
También destaca a favor de determinar constitucional la suspensión del embarazo hasta las 12 semanas en el Distrito Federal o por la inconstitucionalidad de las leyes antiaborto de Baja California y San Luis Potosí.
Cossío Díaz, académico, investigador y asesor en materia de derechos humanos, llegó a la Corte con el sello de liberal, y en esa misma posición caracteriza sus posiciones en los debates.
Suele votar tanto en el pleno como en la sala junto a los ministros con esa tendencia, y en temas polémicos como el asunto del aborto en el Distrito Federal, o en casos de investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, se ha inclinado a favor de las sanciones a las autoridades locales y federales.
El ministro ponente en el caso de Florence Cassez, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, es especialista en amparo, y sus posiciones tanto en el pleno como en la Primera Sala también van por la defensa de los derechos humanos, y en este tema ha ponderado la aplicación de los tratados internacionales que ha signado el Estado Mexicano en esa materia.
Los otros dos ministros de la Sala son los conservadores, aunque existen matices entre sus posturas. El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia está ubicado como conservador, y así se asume en sus proyectos y en sus posiciones ante la Sala y ante el pleno.
Sin embargo, cuando presidió la Corte, votó a favor de que se responsabilizara al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa por la matanza de Aguas Blancas, y después por la responsabilidad del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en el caso de los sucesos violentos en ese estado, durante el movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO). En noviembre de este año termina su periodo.
Jorge Mario Pardo Rebolledo, para algunos cuando era juez solía asumir posturas más progresistas, y tras su llegada como ministro su característica ha sido la de variar sus posiciones.
Pardo divide opiniones porque otros consideran que siempre ha tenido una interpretación del derecho poco flexible, y algunos, que necesita que termine el actual sexenio para volver a ser un liberal.
La otra ala
La Segunda Sala de la Corte se caracteriza por una tendencia más conservadora, los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Luis María Aguilar y Margarita Luna Ramos, se caracterizan por posiciones más conservadoras y su interpretación de las leyes, tiene un carácter más legalista, menos flexible.
Aguirre Anguiano, quien en noviembre de este año termina su periodo como ministro de la Corte, tiene un cariz conservador en sus posiciones y sus interpretaciones de la Constitución siempre son poco flexibles. En debates como el de las leyes antiaborto fue parte de la minoría que impidió que las mismas se declararan inconstitucionales, porque no es partidario de ponderar la defensa de los derechos sociales por encima del derecho a la vida. También en los debates sobre Atenco, la Guarderia ABC, Aguas Blancas y Oaxaca, se ha pronunciado en contra de sancionar a las autoridades estatales y federales.
Luis María Aguilar, ubicado en el ala conservadora por algunas de sus posiciones y sobretodo por su relación con Ortiz Mayagoitia, quien impulsó su llegada como ministro, ha votado en algunas ocasiones con el bloque liberal.
Otra característica de quien tiene toda su trayectoria dentro del Poder Judicial, es el hecho de que en sus proyectos suele ser poco abierto para aceptar las críticas que le hacen sus pares.
Luna Ramos, por su parte, suele refrendar en el pleno y en las salas en la mayoría de los debates posiciones conservadoras, cercana a los criterios esgrimidos por Aguirre Anguiano. Aunque en ocasiones sus posturas distan mucho en temas semejantes como ocurrió con el asunto de la constitucionalidad de la ley que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación en la cual votó a favor, y en las leyes de defensa del derecho a la vida de Baja California y San Luis Potosí votó en contra de declararlas inconstitucionales.
El ministro Sergio Valls Hernández, aunque se le ubica dentro del grupo conservador, ha votado a favor de asuntos de defensa de Derechos Humanos como el de declarar inconstitucionales las leyes antiaborto, y en el caso de la Guarderia ABC de Hermosillo, Sonora, donde él fue quien se pronunció por atraer el caso y realizar la investigación en la Corte, pese a haber sido funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Fernando Franco González Salas, es el liberal de esa sala y su proyecto sobre las leyes antiaborto de San Luis Potosí y Baja California, le valió que diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, le reconocieran como un ministro defensor de los derechos humanos, y como una persona más flexible para el reconocimiento de los derechos sociales.
Franco suele votar en las sesiones del pleno, junto con el bloque de ministros liberales que incluye al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza.
Un antecedente
El caso más reciente donde la Primera Sala determinó excarcelar a personas involucradas en un delito, ocurrió el pasado 1 de febrero del presente año cuando dictó la liberación de siete indígenas tzotziles, quienes estaban acusados de haber participado en el homicidio de 45 personas en Acteal. La consideración del proyecto votado a favor por cuatro de los cinco ministros fue considerar que se habían falseado las pruebas en su contra.
A diferencia del proyecto sobre el caso Cassez, en esa resolución de la Corte a los inculpados se les otorgó el reconocimiento de inocencia.