Ayer los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte estuvieron de acuerdo en un punto: hubo violaciones a los derechos de Florence Cassez en su detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público. Incluso, Jorge Pardo Rebolledo sostuvo que los responsables debían ser sancionados por las leyes respectivas.
Sin embargo, la diferencia de visiones y algunos matices en la interpretación sobre cómo esas violaciones afectaron o no el juicio penal seguido contra la ciudadana francesa, y que al final la declaró culpable de secuestro, fue lo que impidió que ella recuperara ayer su libertad, como lo proponía en su proyecto el ministro Arturo Zaldívar.
Al desecharse la propuesta de Arturo Zaldívar por no obtener una mayoría a favor o en contra de éste, dejó el caso en suspenso y todo vuelve a empezar en el máximo tribunal del país.
La ministro Olga Sánchez Cordero será la responsable de elaborar un proyecto de resolución totalmente nuevo, en el que puede proponer la inmediata libertad, la reposición del proceso, que no se admita el recurso o incluso que se niegue el amparo. Pero ayer ya adelantó su posición, ya que se pronunció por otorgarle a Cassez el amparo de forma lisa y llana, por habérsele violado su derecho a contar con asistencia consular que interpreta como “una forma especial de derecho de defensa adecuada”.
Sin embargo, ahora podrá profundizar en el caso, leer a fondo los documentos disponibles y si mantiene esa misma posición, entonces dependerá de cómo construya sus argumentos técnico-jurídicos para defender su postura y, convencer a los cuatro ministros o, por lo menos, a dos más, para que su proyecto obtenga mayoría de votos.
La normatividad no establece plazos para que la ministro elabore su proyecto, lo distribuya a sus compañeros de Sala y se le asigne fecha para su discusión, puede ser en dos meses, tres o cuatro; es decir, después de las elecciones federales.
Es posible que la ministro consiga fácilmente el voto de Arturo Zaldívar, quien está plenamente convencido que en el juicio a Cassez se dieron violaciones graves a sus garantías y por ello debe ser liberada.
Pero no será tan fácil obtener el de José Ramón Cossío, quien ayer consideró que no se debía liberar a la ciudadana francesa a priori, sino reenviar el caso al Séptimo Tribunal Colegiado para que emitiera una nueva sentencia, pero sin considerar los testimonios que se viciaron al efectuarse la escenificación de su captura ante la televisión. Esto significa eliminar la ampliación de declaraciones de dos personas secuestradas, una de ellas menor de edad, lo que podría servirle a Cassez para sólo ser sentenciada por un secuestro.
En este caso, el Tribunal emitiría su nueva sentencia sin recibir pruebas ni de la Procuraduría General de la República (PGR) ni de los abogados de Cassez, quienes dejaron demasiados huecos en la defensa de su cliente que ahora quizá hubieran facilitado su liberación.
Por mencionar uno de ellos: a pesar de que Florence Cassez declaró desde el principio que fue detenida el 8 de diciembre de 2005, en el expediente, sus abogados no lo acreditaron con pruebas y quedó establecido que fue al día siguiente, por lo que la “escenificación” que la Agencia Federal de Investigación (AFI) hizo para la televisión sobre su captura, la madrugada del 9 de diciembre, sólo arroja que tardaron unas cuantas horas en poner a disposición a la ciudadana francesa ante el Ministerio Público y contar con el apoyo de su embajada, cuando en realidad fueron más de 24 horas.
Otro hueco más, por ejemplo, es que la defensa pudo haber desvirtuado la ampliación de los testimonios que hicieron dos de los secuestrados seis meses después, cuando cambiaron y agregaron datos. Uno de ellos corrige que ve una mano femenina cuando le sacan sangre, después de que había dicho que fue otro de los acusados. También escuchó el tono de voz que identifica a la francesa tras su aparición en televisión. Esto último le pasó a otra de las víctimas al mismo tiempo.
Hay muchas otras inconsistencias sobre las víctimas, otros personajes y procedimientos llevados a cabo por la PGR, en los que los abogados defensores, de acuerdo al expediente, no insistieron ni reforzaron con más pruebas.
Hoy, seis años después de la captura, no se ha escrito la última sentencia en el caso de Florence Cassez.
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