El mundo, con casi 7,000 millones de seres humanos se enfrenta al inicio del siglo XXI con una grave crisis de agua: El 20% de la población mundial no tiene acceso al agua potable, la mitad no cuenta con servicios de saneamiento, permanece una alta incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua, desaparecen pantanos y humedales, y se degrada la calidad de ríos, lagos y acuíferos.
Se trata de un recurso limitado pero constante, no existe evidencia científica de que nuestro planeta pierda agua y la oferta del líquido en el ciclo hidrológico es en promedio la misma. La demanda en cambio, crece continuamente. Año con año aumenta la población, que requiere una mayor cantidad de alimentos, energía y satisfactores diversos. Ni la producción agrícola o industrial, ni la generación de energía son posibles sin agua. Basta señalar que, tan sólo en el siglo pasado, el uso del agua en el mundo aumentó seis veces.
Aún cuando en los últimos años la humanidad ha logrado el mayor acceso a los beneficios del agua, un desarrollo tecnológico hidráulico sin precedentes y la mitigación de sus manifestaciones más destructivas; simultáneamente se alteraron los ciclos naturales, evolucionó un patrón de consumo que compromete la sustentabilidad, se ahondaron las diferencias entre naciones, regiones y grupos sociales, y se agudizaron los conflictos nacionales e internacionales en torno a los recursos hídricos.
De acuerdo a parámetros internacionales se considera que un país tiene una baja disponibilidad de agua cuando ésta es menor a los 5,000 m3/hab/año e indica un nivel peligroso durante los periodos de escasa precipitación. Nuestro país, de contar con una disponibilidad de 11,500 m3/hab/año en 1955, bajó a 4,900 en 1999 y de seguir esta tendencia se esperan 3,500 para el 2025.
El decremento de la disponibilidad, de por sí dramático en términos promedio, se agrava cuando se considera que la población y la actividad económica se concentran en el norte y centro del País, donde la disponibilidad del agua per cápita alcanza valores cercanos a los 2,000 m3/hab/año, valor considerado internacionalmente como peligrosamente bajo. El extremo de esta crítica situación se ubica en el Valle de México, con una disponibilidad apenas de 143 m3/hab/año y cuya subsistencia depende de las transferencias de agua de otras cuencas y la sobreexplotación de sus acuíferos.
Aun cuando los ciudadanos empiezan a percibir el problema del agua como uno de los más graves e importantes del País, persisten patrones de uso y consumo del líquido no aceptables; provocando su derroche y propiciando severas condiciones de escasez y contaminación. Ante este panorama, los conceptos fundamentales que podrían mitigar la problemática actual del preciado recurso serían los siguientes:
La grave problemática del agua sólo se podrá resolver con la participación de la sociedad en su conjunto. Para ello, las tres instancias de gobierno deberán encauzar las acciones, estrategias y políticas para generar entre la población no sólo la conciencia de evitar su desperdicio en función de la escasez y costo del recurso, sino también el reconocimiento del agua como elemento estratégico del desarrollo.
Adicionalmente, los gobiernos deberán desarrollar nuevas estrategias para proveer la suficiente cantidad de agua, con la calidad que requieren los diferentes usuarios, y fomentar el reuso de aguas tratadas de forma ambiental y económicamente segura: que el agua no sea el factor limitante, sino el factor determinante del desarrollo del país.
Así mismo, al no considerarse el valor económico del agua, los intercambios del recurso entre regiones o entre sectores han provocado notables distorsiones en el necesario equilibrio entre crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental en México.
Por lo tanto resulta inaplazable lograr que se les retribuya a las cuencas cedentes el valor del agua que se extrae de su territorio para ser utilizada en otras cuencas o entidades. La extracción indiscriminada encarece la vida urbana y las actividades productivas de la cuenca cedente, situación que demanda el establecimiento de políticas y estrategias para lograr un trato justo en materia de agua.
Por último, debido a las situaciones de inequidad que se presentan en la explotación y aprovechamiento del líquido, al deterioro ambiental y a la creciente contaminación de ríos y embalses, resulta evidente que los marcos legales nacional y estatales del recurso agua están rebasados. Su urgente adecuación es impostergable al considerar que las tendencias indican que los conflictos por el agua aumentarán y se agudizarán en el futuro.
Para plasmar en realidades concretas los conceptos mencionados, resulta necesario implementar medidas de fondo en base a un nuevo marco jurídico. La Ley de Aguas Nacionales publicada el 29 de abril de 2004 no cumplió con las expectativas que generó al inicio de su vigencia, pues solo esquematiza la descentralización interna de la gestión del agua, pero limita la participación de los estados y soslaya graves problemas vigentes, a saber: la inadecuada explotación de acuíferos compartidos; el incorrecto tratamiento del trasvase entre cuencas; la ausencia de normas que obliguen al uso del agua residual tratada en algunas aplicaciones; la carencia de políticas para la recarga artificial de acuíferos; el combate al mercado negro del agua; y el cambio del uso de agua agrícola a urbana, entre otros.
La solución a la problemática descrita conlleva la necesaria reforma integral de su marco jurídico, en la actualidad compuesto tan sólo a nivel federal por 15 ordenamientos dispersos, con enfoques sectoriales operados por diversas dependencias y con escasa visión integradora y de largo alcance.
Esta dispersión de atribuciones en la materia, ocasiona: falta de coordinación institucional para planear, regular, construir y operar la infraestructura hidráulica para los diferentes usos; duplicidad de funciones con la consecuente pérdida de recursos en un medio caracterizado por su escasez; dispersión en las políticas tarifarias y el abandono de los programas de investigación, operación y construcción de infraestructura.
Sólo una sólida cultura del agua, arraigada en todos los sectores y estratos de la sociedad, hará posible la instrumentación de las medidas institucionales, jurídicas, regulatorias y operacionales, tendientes a revertir hábitos y procesos que han causado, de manera paulatina, la contaminación del líquido y el deterioro del medio ambiente.
Físico investigador en UNAM y UAEM.