Luego de varias jornadas de trabajo en los últimos días, la Procuraduría General de la República (PGR) finiquitó los detalles finales de la estrategia que implementará  para dar seguimiento a los procesos electorales del orden federal y local, y atender las denuncias e irregularidades que se presenten en los mismos, durante esta temporada de campañas.

 

Los más de 129 millones de pesos destinados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), representan un incremento de 22% de los recursos en un año.

 

Esta es la instancia directamente responsable de todo el programa de trabajo que debe ponerse en marcha de forma inmediata, ante el inminente arranque del proceso federal el viernes con el periodo de campaña de los candidatos presidenciales.

 

Apenas el pasado 13 de febrero, la PGR oficializó el nombramiento de Imelda Calvillo Tello al frente de esa fiscalía, en sustitución de José Luis Vargas, quien fue despedido por la procuradora Marisela Morales debido a la falta de resultados.

 

Este contexto obligó a la nueva fiscal a acelerar los esfuerzos para apuntalar en poco más de un mes las líneas de trabajo que se estarán siguiendo, y que se esperan sean dadas a conocer públicamente el  día de hoy.

 

Autoridades de la dependencia indicaron a este diario que pese al  movimiento en la titularidad dela fiscalía no se arrancó de cero, pues se aprovechará una buena parte del programa que ya se había perfilado desde el inicio de año para la cobertura delas elecciones.

 

En dicha estrategia se estableció que el objetivo fundamental es dar una atención oportuna a  las denuncias sobre la comisión de delitos electorales contemplados por el Código Penal Federal, sin dejar de lado la tarea preventiva, de disuasión e información.

 

El presupuesto con el que cuenta la FEPADE para este año es de 23 millones de pesos más que el presupuesto del 2011.

 

Con estos recursos, se pretende llevar a cabo la mayor cobertura que haya realizado la PGR de un proceso electoral, con un estado de fuerza ministerial y policial que no se ha definido, pero que deberá ser suficiente para atender los procesos electorales federal y locales en los que estarán en disputa más de dos mil cargos del servicio público.

 

Las cuatro directrices en que se sustentó el programa de la FEPADE configurado a inicio del año, y que en lo fundamental se mantienen tras el rediseño, apuntan a un correcto  y eficiente despliegue ministerial, a la vinculación interinstitucional a nivel federal y a nivel local, así como al cultura de la denuncia y atención ciudadana.

 

Se identificaron las prioridades por atender en diversas entidades federativas, destacando las que tienen además del proceso federal, un proceso electoral de orden local, y que son Jalisco, Guanajuato, Morelos, Chiapas, Yucatán, Tabasco y el Distrito Federal.

 

Habrá un mayor despliegue en los estados con los distritos que tengan el mayor padrón de electores, y atención especial en estados aquejados por temas de delincuencia organizada, entre ellos Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Veracruz y el ya mencionado Nuevo León.

 

En números: 

 

23 millones de pesos más autorizaron el presupuesto a la fiscalía durante un año

 

7 entidades tendrán procesos locales, además del federal

 

8 estados son contemplados como prioritarios por su alta incidencia de ilícitos de delincuencia organizada

 

221 empleados tiene la fiscalía, como arranque, para la temporada de mayor intensidad

 

69 de ellos son agentes ministeriales

 

El estado de fuerza

 

En la FEPADE trabajan 221 personas, de las cuales 69 son agentes del Ministerio Público especializado en delitos electorales.

 

No obstante, para la cobertura de las votaciones, y sobretodo las federales y locales del próximo 1 de julio, la Fiscalía contará con la colaboración de un mayor número de agentes ministeriales pertenecientes a otras áreas de la PGR, para atender las eventualidades que se presenten.

 

La fiscal Imelda Calvillo ha subrayado que se atenderán sin distingos ni preferencias partidistas, cualquier conducta que pudiera derivar en un delito electoral, con el compromiso de profundizar encada una de las averiguaciones y que no queden en el archivo.

 

Autoridades de la PGR refirieron que entre los pormenores de la estrategia que está por anunciarse, podrían darse a conocer nuevos mecanismos para la captación de las denuncias,  los mecanismos de colaboración con otras instancias, y otros detalles encaminados a alcanzar un blindaje electoral efectivo.

 

En la dependencia que encabeza Marisela Morales indicaron que con independencia de la conferencia que se lleve a cabo, la FEPADE ya se encuentra lista y trabajando en el contexto de los comicios electorales de este año.

 

Los delitos electorales que son responsabilidad de la fiscalía, son los contemplados en los artículos 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 y 411del  Código Penal Federal.