El presidente del IFE, Leonardo Valdés, volvió a cambiar de opinión respecto al desafío a las elecciones que representa la inseguridad: dijo que ésta, junto con la búsqueda de vacíos legales en la ley electoral, es una de las principales amenazas para el correcto desarrollo de los comicios federales.

 

El 20 de febrero, en una reunión con directores de institutos electorales estatales, dijo que el IFE no veía “focos rojos ni amarillos” por la inseguridad. El 1 de marzo, 24 Horas dio a conocer un estudio del propio instituto en el que se reconocía que las “zonas de atención especial” —secciones en las que hay alta inseguridad— pasaron de mil 635 en 2009 a 4 mil 104 en 2011, mientras el 12 de marzo, en desplegados y un boletín, el organismo dijo que el esa recopilación era un procedimiento rutinario.

 

Ayer, Valdés Zurita participó, junto con la procuradora General de la República, Marisela Morales, en la presentación del programa de actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y dijo: “la existencia de zonas en condiciones de inseguridad en algunas regiones del país lesiona la convivencia social y eventualmente podrían inhibir el desarrollo de la vida democrática”.

 

Explicó que si bien, los cambios institucionales de las últimas tres décadas en México han definido y delimitado con claridad la participación de funcionarios, ciudadanos, actores públicos y dependencias en lo referente al proceso electoral, paralelamente han surgido “factores” que amenazan este pacto social.

 

Uno de estos factores de riesgo son las condiciones de inseguridad que existen en algunas áreas del país, golpeadas principalmente por la violencia de la delincuencia organizada, situación que puede vulnerar la integridad física tanto de los candidatos como de la población en general.

 

Subrayó que la seguridad es una condición fundamental para que los candidatos puedan dar a conocer sus propuestas libremente en cualquier sección electoral “a lo largo y ancho del país”, y de igual forma, para que los ciudadanos “comprometidos” con la organización de las elecciones puedan hacer su trabajo sin temores.

 

En este contexto fue enfático al señalar que corresponde al gobierno federal y los estatales garantizar la integridad física de candidatos, ciudadanos y votantes, situación irrenunciable para que se pueda llevar a buen término este ejercicio político.

 

Por la noche, en conferencia de prensa en el IFE, Valdés matizó sus dichos de la mañana y afirmó que el instituto, tiene certeza de la seguridad que brindará el gobierno federal para los comicios.

 

“Estamos seguros que las autoridades gubernamentales que tienen responsabilidad sobre la seguridad de los ciudadanos mexicanos actuarán con responsabilidad y, en consecuencia, con los convenios que ha firmado el Instituto Federal Electoral”.

 

Por su parte, Marisela Morales, aseguró que su dependencia actuará con “imparcialidad y apego a la ley”, con la finalidad de velar desde su ámbito de competencia, que las elecciones se desarrollen con apego al marco jurídico vigente.

 

“El gobierno federal es y será absolutamente respetuoso de la legalidad e imparcialidad de los procesos electorales federales y los concurrentes que celebraremos este año”, apunto.

 

Sostuvo que la PGR, al igual que las otras instancias federales, está comprometida a garantizar que ningún funcionario público aproveche los recursos públicos que tiene a su alcance, para beneficiar o perjudicar a quienes participan como actores políticos en el proceso electoral.

 

Morales dijo que la FEPADE ha diseñado un completo programa de trabajo para atender todas las irregularidades que le sean denunciadas, con el objetivo de identificar y sancionar con prontitud, a quienes incurren en actos ilícitos en materia electoral.

 

“Con el trabajo que desarrolla la FEPADE en coordinación con el IFE, tendremos asegurado el respeto al estado democrático de derecho, la consolidación de la vida democrática y en consecuencia nuestra libertad”, concluyó.