En lo que va del presente año, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR ha iniciado 627 averiguaciones previas, lo que representa un incremento de 58% respecto al año anterior, cuando se iniciaron 396 expedientes en el mismo periodo.

 

La mayoría de las denuncias son por falsificación y uso de credenciales de electores falsificadas, aunque también hay averiguaciones en contra de servidores públicos por coaccionar el voto con recursos públicos o programas sociales.

 

La titular de la Fiscalía, Imelda Calvillo Tello, reveló que del total de las averiguaciones iniciadas en 2012, 339 ya fueron resueltas con el ejercicio de la acción penal o con algún acuerdo entre las partes, mientras que el resto continúa en integración.

 

Confirmó que el objetivo que se persigue es alcanza un “blindaje electoral” efectivo, para que las campañas y los comicios se desarrollen sin mayores incidentes, y en caso de que los haya, se investiguen cabalmente.

 

Como lo publicó 24 HORAS, el programa de la Fiscalía se asienta en cuatro ejes fundamentales en los que se privilegia, además de la investigación de los delitos y el despliegue del estado de fuerza, la colaboración con otras instituciones, las labores de prevención, y el contacto con los ciudadanos.

 

CUATRO ESTADOS CON MAYORÍA DE DENUNCIAS

 

Datos de la FEPADE a los que tuvo acceso este diario indican que Chihuahua, Coahuila, el Distrito Federal y Chiapas acumulan 60% de las averiguaciones iniciadas este año, mientras que el resto se distribuyen en más de 20 entidades federativas.

 

Destaca además el incremento sostenido de las denuncias que se han presentado, pues en enero sumaron 88, en febrero 200, y marzo 339. Se prevé que la tendencia se mantenga en este mismo sentido, con el arranque de la campaña federal y las campañas estatales.

 

Respecto al tipo de delitos electorales, de las 627 averiguaciones iniciadas en lo que va del año, 86% que equivalen a 539 casos, son por violaciones al artículo 411 del Código Penal Federal, es decir, falsificaciones o uso indebido de las credenciales de elector.

 

Otras 38 averiguaciones, equivalentes a 6%, corresponden a infracciones cometidas por servidores públicos contempladas en el artículo 407 de la referida normativa. Se trata de acciones como desviar recursos públicos para favorecer a algún candidato y uso indebido de programas sociales para coaccionar el voto, entre otros.

 

También se registran 25 averiguaciones por delitos correspondientes al artículo 403 relacionados con actividades de cualquier persona para influir en el electorado, ya sea haciendo propaganda en tiempos no autorizados o durante las votaciones, o incluso amenazando a las personas para que voten o no por alguien en particular.