El último episodio de la muerte de 81 personas halladas en Tamaulipas está por llegar: la fosa común y un archivo.
La Procuraduría General de la República (PGR), que ostenta la custodia legal de los cuerpos encontrados en las llamadas fosas clandestinas de San Fernando, construirá una memoria genética de todos los que no fueron reconocidos ni reclamados, y que en próximos días serán enviados a la fosa común.
Autoridades de la dependencia indicaron que los registros del ADN de cada una de las víctimas obtenidos a partir de muestras de cabello, piezas dentales, saliva o de piel están en proceso de integración en un archivo específico tanto físico como virtual.
Además de la memoria genética, en los casos donde es factible se incluirán fotografías de la víctima y datos generales sobre sexo, edad aproximada, complexión física, color de piel, rasgos particulares, e incluso el tipo de ropa que les fue encontrada a algunos de ellos.
Esto, con la esperanza de que en algún momento y a pesar de que los cuerpos ya no existan, un familiar o un conocido pueda identificar a una de las víctimas y darles una identidad, con nombre y apellido.
Será a finales de este mes cuando los cuerpos abandonen las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) del Distrito Federal, donde permanecieron por espacio de un año, y sean enviados a la fosa común, por lo que el archivo y su memoria genética quedarán como el único registro de quienes eran.
El hallazgo de las narcofosas se remonta a marzo del año pasado cuando un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano e integrantes del grupo delictivo de Los Zetas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, derivó en la localización de fosas clandestinas en las que se encontraron decenas de cuerpos sin vida.
Ante la evidencia notoria de que se trataba de una masacre orquestada por el grupo delictivo, el 2 de abril del 2011 la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) atrajo en su totalidad la averiguación previa de los hechos.
Este caso de violencia extrema, se sumó al ocurrido unos meses antes, el 10 de agosto del 2010, cuando fueron encontrados 72 cuerpos de centroamericanos asesinados en un rancho del mismo municipio de San Fernando.
La PGR estableció la hipótesis de que muchas de las personas asesinadas fueron secuestradas en autobuses de pasajeros por miembros de Los Zetas, quienes sostienen una disputa por el territorio en contra de sus antiguos aliados del Cártel del Golfo.
Para contar con un mejor resguardo de las víctimas y facilitar el proceso de identificación, la PGR instruyó el traslado de 120 cuerpos encontrados en las fosas hacia la Ciudad de México, para que fueran ingresados al Semefo, administrado por el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
El 14 de abril del 2011, los cadáveres fueron ingresados al anfiteatro de la institución, y quedaron a disposición para su reclamo e identificación. La procuraduría se encargó de traer a la capital del país a las personas que pensaban que alguno de sus conocidos podría estar entre las víctimas para que se realizara el trámite necesario.
Transcurrido un año, sólo 39 víctimas fueron identificadas. Once de ellas eran originarias de Guanajuato, cinco de Michoacán, tres de Querétaro, dos de Tlaxcala, dos de Guerrero, dos del Estado de México, dos de Tamaulipas, uno de Chapas, uno de Zacatecas, y destaca el caso de dos ciudadanos de Guatemala; respecto al resto no se precisó.
La normativa del Semefo capitalino establece que por motivos de sanidad, economía y espacio, los cuerpos pueden permanecer por un tiempo máximo de un año en el anfiteatro a la espera de ser reclamados y entregados. De no suceder esto, son trasladados a la fosa común.
El presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, confirmó que se hizo contacto con las autoridades federales en marzo para notificarles del procedimiento.
Los detenidos
Respecto a las investigaciones relacionadas con las masacres, la PGR ha detenido hasta el momento a 82 personas presuntamente vinculadas con los homicidios, la mayoría de ellos integrantes del grupo delictivo de Los Zetas.
Entre las aprehensiones destacan las de Martín Omar Estrada de la Mora, alias El Kilo, y Fabiola Saray Díaz Arroyo, La Muñeca, por quienes el gobierno federal ofrecía recompensas de 15 y 10 millones de pesos respectivamente.
Casi 200 cuerpos han sido ubicados en distintas fosas clandestinas tan sólo en el municipio de San Fernando y áreas aledañas en los últimos meses; sin embargo, en la PGR no descartan que aun existan más fosas sin ser descubiertas.
Fosas en números
120 cuerpos sin vida fueron trasladados al Semefo del DF
200 cuerpos se han hallado en diferentes fosas en la misma zona
39 víctimas han sido identificadas
11 eran originarias de Guanajuato
2 eran de Guatemala
81 casos serán archivados al no ser identificadas las víctimas
82 personas están detenidas vinculadas con los hechos
15 millones de pesos ofrecieron de recompensa por sospechosos las autoridades federales