En los últimos meses el gobierno federal ha realizado una campaña de difusión sobre sus acciones entorno a la recuperación del espacio público, tratando de generar la impresión de que esta actuando contra el crimen organizado, anunciando una serie de políticas sociales en educación y salud. Sin embargo, esto es muy distante de la realidad. El presupuesto para la prevención del delito no ha crecido y las acciones gubernamentales en esta área son nulas. Es más, a los integrantes de la sociedad civil que han manifestado su preferencia por un cambio en la estrategia son perseguidos por la administración del presidente Calderón como lo expuso la revista Proceso en su edición dominical.
En México se destinan menos de 2 centavos de cada peso de la lucha contra el crimen en las labores de prevención. Este año INDESOL solamente tiene autorizado asignar $30 millones de pesos para que las Organizaciones de la Sociedad Civil puedan realizar tareas relacionadas con la prevención del delito, menos de un millón de pesos por estado. A su vez, se ha tenido que limitar la asignación a $300 mil pesos por proyecto, lo cual pulveriza los recursos y hace que los resultados sean ineficientes. Estas divergencias entre los anuncios políticos y la política pública crean frustración entre los actores involucrados que tratan de frenar la violencia por medio de prevenir los delitos. Los funcionarios de INDESOL, ven que su presupuesto no aumenta, las ONG’s oyen discursos vacíos, y las plazas públicas terminan siendo presas otra vez de los vendedores de droga, piratería y prostitución.
Otra falla de fondo, y muy grave, del Gobierno Federal es el confundir las campañas de publicidad con las campañas informativas. Para prevenir el delito y las actividades criminales se debe difundir información. En los crímenes de alto impacto social como son el narcomenudeo, la prostitución o la piratería no existe información sobre la dimensión de estos, ni la manera como operan. Si tomamos estas actividades delictivas como mercados ilegales del lado de la oferta, no hay conocimiento de precios, modus operandi, ni quienes son los criminales más buscados en estas redes ilegales. Esta información al ser pública ayuda a disuadir y romper los lazos de corrupción con las autoridades. Por ejemplo, difundir la manera en que las y los jóvenes son reclutados para la prostitución crea alertas en las comunidades y en las familias.
Pero del lado de la demanda, tampoco sabemos quienes son los consumidores en estos mercados ilegales. Esto a pesar de que existen métodos para entender quienes y porque se demandan estos servicios. En el caso del consumo de drogas en México la encuesta nacional de adicciones se realiza cada vez que hay presupuesto y de manera irregular cuando en otros países de la OECD, el resultado se mide dos veces al año. ¿Sin información, como es posible armar una política pública? Al igual que el punto anterior si no asignamos presupuesto a los proyectos que en discurso son prioridad, como podemos fomentar la participación de la sociedad.
La falta de información es lo más grave, los folletos de los Centros Nueva Vida dan información incompleta y sesgada a la población objetivo, ya que a través de imágenes graficas demuestran los efectos extremos del alcohol, tabaco y las drogas. Estas imágenes no son reales y no representan la realidad de los jóvenes. El muchacho que el fin de semana se emborracha el lunes puede ir a la escuela o trabajar sin ningún problema, los que usaron droga no todos se vuelven adictos, y “mi papá que fuma no tiene los dientes amarillos”. Esto no quiere decir que la información sea falsa sino que los jóvenes y padres de familia hoy necesitan más información y menos propaganda para tomar decisiones. Los Centros Nueva Vida, tienen que hacer un esfuerzo mucho más grande para convertirse en autoridad en el tema y esto solo se hace a través de ganar la credibilidad, tener constancia y ser certeros en la información que proporcionan.
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