Cien días, cifra mágica para evaluar gobiernos que en los tiempos de tuits se nos hace una eternidad. Cien días desde la Navidad de 2011, de las peores económicamente hablando, hasta la presentación del presupuesto en una Semana Santa lluviosa, que vino precedida de una dura y germánica cuaresma. Tan germánica fue, que una vez presentados los presupuestos previa revisión en el Consejo de Economía y Finanzas de la Unión Europea, los enviados de Merkel llegaron a Madrid para ratificar las condiciones del equilibrio presupuestario. Todo ello en medio de pánico financiero en la banca, en las bolsas de valores y noticias de un necesario rescate de España. El riesgo real, es que la banca española no pueda hacer frente a su saneamiento financiero y ello se convierta en una mayor deuda pública.
El esperado efecto Rajoy se desvaneció con la presentación de los presupuestos. Algún impacto negativo habrá tenido la huelga general del día 29. El hecho es que ahora los mercados valoran mejor la deuda de Italia que la de España. Los mercados descuentan las dificultades de pago de la deuda pública y privada, que alcanza más del 200% del PIB español. Solo la deuda pública llegará casi al 80% del PIB este año 2012. Lo preocupante para los mercados es como se podrá pagar la deuda pública y sobre todo la privada sin crecimiento y con un desempleo record de un 23,6% de la población activa.
Durante estos primeros cien días de gracia, las reformas emprendidas por el gobierno español han sido intensas, aunque el presidente del Banco Central Europeo dice que los mercados esperan más reformas. La reforma laboral de gran calado, llega tarde pero llega, no frena el desempleo, pero puede ser muy eficaz para ayudar la creación de nuevo empleo cuando se den las condiciones. La reforma del sector financiero sigue abierta. La reforma de la administración pública no se concreta, excepto en los recortes. El déficit producido en las Comunidades Autónomas, donde se produce el gasto social, empuja a una reforma recentralizadora, en gran parte alimentada por el discurso ideológico contra la España desintegrada.
Reducir el déficit público del 8.5% al 5.3% del PIB exige reducir gastos y aumentar impuestos. Los recortes presupuestarios más notorios son los del I+D, obras públicas e industria. Además de los recortes por el lado del gasto, sube el impuesto de la renta, la tarifa eléctrica para compensar las ineficiencias de las empresas de electricidad, y el impuesto de sociedades en las grandes empresas. Algo muy distinto a lo propugnado por el programa electoral de Rajoy que proponía incentivar la economía productiva y la reducción de impuestos. La medida más controvertida es la amnistía fiscal para que regresen con un tipo impositivo del 10% los capitales que salieron evadiendo impuestos. Con la excusa de recuperar unos 2,500 millones de ingresos, se perdona a los evasores. Difícil de justificar ante los que deben cumplir con sus obligaciones fiscales.
Pasados los primeros cien días, le quedan en esta legislatura a Rajoy las mil y una noches sin cuentos y con escaso margen de maniobra.
*Director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica