El gobierno argentino asumió hoy el control de Repsol YPF y desalojó a los ejecutivos de la empresa con mayoría de capitales españoles, luego que la presidenta Cristina Fernández anunciara un proyecto de ley para expropiar la firma.
El interventor designado por la mandataria, Julio de Vido, coordinó el desalojo de los funcionarios de la española Repsol y del Grupo Peterson que manejaban, hasta este lunes, la mayor empresa del país sudamericano.
Junto con De Vido arribó a las oficinas de Repsol, ubicadas en el barrio de Puerto Madero, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien también será uno de los principales representantes estatales en la petrolera mientras se lleva a cabo el debate parlamentario.
Poco antes, mientras aún estaba hablando la mandataria argentina por cadena nacional para dar a conocer la iniciativa, llegó a la sede de Repsol el único representante que el Estado tenía en el directorio empresarial, Roberto Baratta.
Con una lista en mano, el funcionario le fue solicitando a directivos específicos que se retiraran ya que desde ese momento la empresa quedaba en manos del Estado, por lo que ordenó hasta el cambio de cerraduras.
Los directivos se retiraron sin resistencias, aunque sorprendidos por la escasa diplomacia con la que actuó el gobierno en una jornada marcada por la tensión entre Argentina y España.
A lo largo de la tarde, también acudieron a las oficinas de Repsol los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos de Argentina, para respaldar a De Vido en su nueva función.
La intervención de YPF se mantendrá hasta que el Senado y la Cámara de Diputados voten el proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, que propone la expropiación del 51 por ciento de la firma.
La votación de la iniciativa legal podría ocurrir a más tardar el mes próximo, ya que el proyecto será tratado a partir de este martes en comisiones legislativas.